“Nosotros claramente estos grupos pandilleriles son grupos terroristas, nosotros lo que estamos condenando y procesando es la pertenencia a estos grupos, de tal suerte que si ya viene uno, que ya pertenece a la MS o a la (barrio) 18 en Estados Unidos, paga su pena en Estados Unidos y es deportado, aquí viene a responder, porque en este país no se permite y no vamos a tolerar agrupaciones terroristas”.
Gustavo Villatoro,
Ministro de Justicia y Seguridad.
En un intento de explicar el proceso penal contra los pandilleros, Villatoro dijo que serán procesados en dos fases, además del delito de agrupaciones ilícitas. “Van a responder en una primera fase de todos los crímenes que cometió la clica del 2012 al 2022, fase uno, para más adelante vamos a tener la fase dos, los anteriores diez años”, afirmó, sin embargo, no aclaró cómo procederán con las acusaciones en ambas fases.
El pasado 14 de febrero, cuando el Gobierno pidió prorrogar el régimen de excepción, Villatoro afirmó que preparan el camino procesal para los capturados del régimen. En los primeros meses de la suspensión de garantías constitucionales, la Asamblea Legislativa reformó las leyes salvadoreñas para aumentar las penas por la pertenencia a pandillas, bajo el delito de agrupaciones ilícitas, pasando a penas de 20 a 30 años y de 40 a 45 años, en el caso de jefes, dirigentes financistas o cabecillas.
En agosto de 2022, el Gobierno anunció que preparaba una reforma penal que facilite que los detenidos en este régimen especial, sean condenados por clicas (estructuras locales de la misma organización) de cada sector geográfico y no de forma individual.
El 27 de enero pasado, Human Rights Watch (HRW) informó que una base de datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con registros de personas procesadas entre marzo y agosto de 2022, revelaba que la mayoría de ellos, 39,000, fueron acusados por el delito de "agrupaciones ilícitas", 8,000 por ser miembros de organización terrorista, 303 por agresión sexual (0.6 %) y 148 por el delito de homicidio (0.3 % de los detenidos).
Entre las reformas que la Asamblea ya aprobó también está elevar las penas por el delito de organizaciones terroristas de 8-12 años hasta 15-20 años para pandillas y de 10-15 años hacia 30-40 años para organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas de pandillas.
Además aprobaron el Código Procesal Penal para procesar a todos los reos que ya fueron acusados pero están en calidad de prófugos de la justicia.