El viceministro de Políticas Públicas, Eduardo Espinoza, indicó ayer que la institución hizo una compra directa de emergencia de nueve toneladas de abate y de aproximadamente 2,000 litros de piretroide, insecticida que se utiliza en la fumigación, con lo cual solo logrará cubrir durante tres o cuatro meses la demanda de estas sustancias.
El funcionario indicó que debido a una sentencia del 10 de abril de 2015 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el artículo 72 letra k de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), mantienen pendiente completar una compra mayor; además de esperar la firma del Fiscal General de la República en el contrato con la empresa. Indicó que se trató de una medida de emergencia, ya que se habían quedado sin producto.
Anteriormente la ley autorizaba, para todos los casos, la adquisición de medicamentos para el sistema de salud pública por el mecanismo de contratación directa, pero la Sala dijo en su sentencia que el artículo 234 de la Constitución establece que cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en que hayan de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán someterse dichas obras o suministros a licitación pública.
Espinoza explicó que eso les obliga a hacer procesos tediosos, burocráticos, y prolonga las licitaciones y las compras de medicamentos. Culpó a los magistrados de la CSJ por regresarlos a un sistema de compras antiguo y de las consecuencias por los retrasos.
“Esta culpa es de la CSJ obviamente, y las consecuencias que pueda tener en la salud de la población se carga a la conciencia de los magistrados que hicieron esa declaratoria que beneficia a los comercializadores de medicamentos”, sostuvo.