Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, el exministro Manuel Orlando Quinteros Aguilar, conocido como Gerson Martínez, será acusado por incumplimiento de deberes y por actos arbitrarios, este último delito también será imputado al exdirector de Tránsito Edwin Flores.
Delgado afirmó que las investigaciones señalan a Martínez de no haber cumplido con el procedimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) para concesionar el carril segregado.“Por haber autorizado la concesión del carril segregado para uso exclusivo del Sitramss, para los vehículos que estaban autorizados, sin haber cumplido con disposiciones legales, para que la Asamblea (Legislativa) autorizara la concesión, a raíz de una sentencia de inconstitucionalidad”.
Rodolfo Delgado,
Fiscal General de la República.
En el mismo caso, está acusado el exviceministro de Transporte, Nelson García, y el presidente de la Unión de empresas Sipago-Subes, Miguel Ángel González Díaz, ambos por el delito de extorsión.
“Estas personas, básicamente conminaron actos de intimidación, para que los transportistas que prestaban servicio en esa arteria, donde se construyó tanto la terminal como la vía del Sitramss, a que entregaran sus líneas de transporte, eso les provocó un perjuicio económico”, explicó Delgado en la entrevista de canal 21.
Inconstitucionalidad.
El 10 de junio de 2019, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional el uso exclusivo del carril segregado del Sitramss por unanimidad.Los magistrados concluyeron que la resolución del director general de tránsito del Viceministerio de Transporte violentó el artículo 120 de la Constitución de la República y señalaron que el uso exclusivo del carril segregado debió pasar por una concesión hecha por la Asamblea Legislativa.
“El uso privativo del carril segregado y las estaciones implica una restricción del uso libre e indiscriminado de los bienes de uso público en el que se alojan dichas estructuras, de modo que era necesario el otorgamiento de una concesión legislativa específica...Al no existir una concesión legislativa que autorice la explotación de la calle, la resolución carece de toda base habilitan y necesaria que condiciona la validez”, dice el comunicado publicado por la Corte Suprema de Justicia ese día.
Los magistrados también dieron un año a la Asamblea Legislativa para que decidieran si concede la autorización de la calle donde están construidos los carriles segregados, previa licitación, y las estaciones de buses del Sitramss, de lo contrario “se ordenarán las obras necesarias para habilitar el tránsito entre el actual carril segregado y los carriles contiguos y eliminar las señalizaciones referidas a su exclusividad para el uso de Sitramss”, concluyó la Sala.
Sin embargo, la pandemia del covid-19 y la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa impidió que este plazo se cumpliera, por lo que la Sala dio 12 meses más para decidir sobre esta situación, que se cumplirán en 2023.
Sitramss fue un proyecto de transporte masivo, apadrinado por los gobiernos del FMLN, donde se construyeron terminales y carriles, bajo préstamos millonarios que ahora están en el olvido y sirven para que indigentes pasen la noche. El proyecto le costó al Estado $45 millones provenientes de un prestado otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en enero de 2012. El préstamo se hizo a un plazo de 25 años.
El Sitramss, cuya construcción comenzó en 2013 y su funcionamiento comenzó hasta el 11 de enero de 2015 como plan piloto, y días después inició el cobro de $0.33.
El funcionamiento de los buses fue concedido, por el Viceministerio de Transporte a la Unión de Empresas Sipago Sitramss S.A., de C.V., donde participan SI EL SALVADOR S.A., de C.V., ICBS S.A., de C.V. y SIPAGO S.A., de C.V., cuyos accionistas representan el 75 % de los transportistas actuales del AMSS, quienes tienen concesiones otorgadas desde el 2006.
La demanda fue interpuesta el 12 de mayo del 2015 por los transportistas Génaro Ramírez y Juan Pablo Álvarez.
Las irregularidades.
En 2020, y bajo la asistencia de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (Cicies), la Fiscalía inició las investigaciones contra el caso de corrupción denominado Sitramss.En marzo de ese mismo año, el entrante ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez avisó a la Fiscalía General de la República presuntas irregularidades halladas en la implementación del Sitramss.
“Hemos encontrado anomalías en la ejecución del Sitramss, entre éstas subcontratos y anticipos irregulares, inadecuado proceso de contratación, incumplimiento de los contratos, prórrogas no justificadas”, afirmó el ministro.
Rodríguez denunció que en el proceso se le adjudicó el proyecto a una empresa que no tenía los requisitos para ejecutar este tipo de trabajo. Al mismo tiempo, señaló que para elegir a la constructora no se hizo una licitación adecuada, sin dar detalles.
Según el ministro, el MOP debe $1.3 millones al Ministerio de Defensa por los servicios que prestan soldados de cuidar los carriles segregados y al Sitramss.
De acuerdo con el funcionario, el anterior ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, firmó un convenio para hacer esos pagos al Ministerio de Defensa.
“Se utilizaron fondos públicos para dar seguridad a una empresa privada, cosas que no se debieron hacer. Estos son posibles indicios”, fueron las denuncias que en su momento presentó Rodríguez.