A través de un comunicado escrito, Lüers indicó que se retiró del juicio y del país en enero de 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia cambió al juez Segundo de Instrucción, nombrando a Harold Iván Córdova Solís en lugar de la jueza Edelmira Violeta Flores Orellana, quien había revocado la orden de captura contra el periodista.
“No voy a defenderme ante una justicia, que ha perdido su independencia. El poder que reina me ha declarado enemigo, ya que soy adversario y crítico de su gestión. Como este es un juicio político y mediático, en este terreno me defenderé”.
Paolo Lüers en su misiva.
El periodista escribió que estaba dispuesto a defenderse cuando la jueza Flores Orellana llevaba la causa, pero tras el cambio de juez supo que no tendría un juicio justo.
Ante la realización de la audiencia preliminar, Lüers señaló que el juez “está obligado” a archivar la acusación porque los hechos acusados y cuando fue presentado el caso, la ley vigente de juzgar ausentes no estaba vigente.
Aunado, dice que al aplicar esa ley, él considera que el caso debe archivarse porque los testigos que la Fiscalía General de la República ofreció en el proceso son dos pandilleros a los que la entidad no ha podido ubicar.
“Toda la acusación está exclusivamente fundamentada en las declaraciones de dos testigos criteriados, ambos exlíderes de sus respectivas pandillas MS y Barrio 18-Revolucionarios, quienes luego de su captura negociaron con la FGR su colaboración en varios casos penales contra pandilleros, en los casos contra los mediadores de la tregua y finalmente en el caso contra mi persona. Estas declaraciones falsas y manipuladas no pueden ser admitidas como pruebas, ya que la fiscalía ya ha declarado que no podrá presentar a ninguno de sus dos testigos, ya que han perdido el control sobre ellos y no saben adónde encontrarlos”, dice Lüers, quien añade que la defensa no estuvo durante las declaraciones de los testigos y no tiene la posibilidad de interrogarlos.
El proceso penal
La acusación por la que es procesado el periodista, también incluye al exministro de Gobernación, Arístides Valencia; el exministro de Seguridad, Benito Lara, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los difuntos; exalcalde de Ilopango Salvador Ruano y Raúl Mijango, además de Wilson Alvarado, todos mediadores durante la tregua con pandillas en el gobierno de Mauricio Funes. Todos procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.Según la Fiscalía, durante la tregua en el período de Mauricio Funes propició que los políticos se percataran del "poder para inclinar la balanza electoral” que tenían las pandillas.
En el caso de Benito Lara y Arístides Valencia, con el apoyo de Wilson Alvarado y Raúl Mijango, se acercaron a las estructuras criminales para ofrecerles $100,000 a cambio de que pandilleros votaran por la fórmula presidencial del FMLN: Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz.
Mientras que por Arena, se entregaron $100,000 antes de la segunda vuelta electoral supuestamente a través de Paolo Lüers, según la acusación de la Fiscalía.