A través de la misiva dirigida a Luna, los familiares aseguraron que iniciaron un proceso administrativo donde Centros Penales debe responderles; hasta el momento, todas sus solicitudes no han sido respondidas, afirmó el escrito.
“Durante más de 20 meses se ha impedido tener comunicación de nuestros familiares, teniendo la obligación, la Dirección General de Centros Penales de prestar las condiciones para que se puedan realizar las visitas con disciplina y normativas adecuadas”, dice el escrito.