Lilian, que prefiere identificarse sólo con ese nombre, fue liberada en diciembre pasado y se presentó este miércoles en una conferencia de prensa acompañada de activistas de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
"Es muy grande la satisfacción porque a pesar de pasar un proceso muy largo (en la cárcel) se pudo comprobar mi inocencia", declaró a la AFP la mujer, de 28 años.
Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Lilian era la última mujer que quedaba en prisión de 73 condenadas por abortos o emergencias obstétricas, acusadas bajo el delito de "homicidio agravado".
En 2015, Lilian dio a luz en un hospital público de Santa Ana, pero su bebé presentó algunas complicaciones y fue llevada a una incubadora, tras lo que murió a las 72 horas, relató a la AFP la abogada defensora, Abigail Cortez.
Según la defensa, el hospital cometió "negligencia" en el cuidado de la bebé, pero para evadir su responsabilidad acusó a Lilian de "abandono y desamparo".
La fiscalía presentó cargo por "homicidio agravado", por el que fue condenada a 30 años de cárcel. En 2023, un tribunal hizo una revisión de la pena y se ordenó la libertad.
"Estamos muy felices por cerrar un ciclo", declaró Mariana Moisa, coordinadora de la Agrupación Ciudadana, al dar por finalizada la llamada campaña "Las 17 y más" que iniciaron en 2014 con el apoyo de "la solidaridad" internacional.
No obstante, aclaró que aún queda una veintena de casos en proceso que deberán ser desestimados o llevados a juicio.
El Código Penal salvadoreño establece una pena de dos a ocho años por aborto en cualquier circunstancia.
Sin embargo, fiscales y jueces tipifican a menudo los casos de aborto o incluso pérdida voluntaria del bebé como "homicidio agravado", un delito penado con 30 a 50 años de prisión.
La dureza de la ley salvadoreña en torno al aborto trascendió en 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía lupus y a quien se le impidió abortar pese a que el feto no había desarrollado el cerebro y estaba condenado a morir.
El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado autorizó una cesárea a Beatriz y el recién nacido murió horas después.
Beatriz falleció en un accidente de tráfico en 2017, pero la Corte Interamericana emitirá en los próximos meses una sentencia sobre el caso.