Al principio de su gestión, Bukele se reunió con las víctimas de El Mozote en Capres./ DEM
Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que hay un retroceso en el cumplimiento de medidas de reparación para víctimas del conflicto armado por parte del Gobierno, debido a que las comisiones de búsqueda están paralizadas y el Ejecutivo niega el acceso a archivos militares de operaciones realizadas en la guerra.
El director de Derechos Humanos de Cristosal, David Morales, explicó que acceder a los documentos de campañas militares de las brigadas de infantería de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) permitiría una reconstrucción histórica de los hechos ocurridos en el conflicto armado, pero los bloqueos para inspeccionar los archivos causan que no se avance en reparación.
“La actual administración ha seguido la tendencia de Gobiernos anteriores y pese a discursos iniciales de que cumpliría con los derechos de las víctimas, ha continuado el bloqueo. Se hace una demanda al Gobierno para que reactive los mínimos espacios de reparación que existían, como el de las comisiones de búsqueda, los programas de reparación general en cumplimiento de sentencias internacionales que con este Gobierno hemos visto que se han debilitado, se han paralizado. Es decir, hemos ido en un retroceso en materia de reparación”, aseveró Morales durante una conferencia de prensa en línea.
Asimismo, el representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Héctor Carrillo, afirmó que en la agenda del Órgano Ejecutivo la atención a las víctimas de la guerra civil salvadoreña “parece no ser prioridad”, debido a que no se conocen las medidas que implementa la gestión del presidente de la Republica, Nayib Bukele.
De acuerdo a Carrillo, el Gobierno ha realizado “medidas contradictorias” en materia de reparación a víctimas. Celebró, por ejemplo, que se vetara la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional (rechazada por las víctimas por ser una Amnistía a crímenes de guerra), pero señala que el pasado 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Defensa les negó el ingreso a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que realizarían una diligencia de inspección de archivos militares entre los años 1970 y 1995, solicitada por la Universidad de El Salvador (UES). Ese mismo día, el mandatario señaló al IAIP como “el último bastión” del partido FMLN y reclamó que los comisionados llegaran supuestamente abloquear el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.