“He presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH una demanda contra el Estado salvadoreño, por grave y sostenida violación a mis derechos humanos y de mi familia, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humano”, escribió Reyes en su perfil de Facebook, donde enlistó las vulneraciones.
Reyes sostiene que el Estado salvadoreño le ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, a la protección judicial, a ser oído con las debidas garantías y dentro un plazo razonable por un juez competente “independiente e imparcial”, el derechoa a la comunicación previa, derecho a ser juzgado con arreglo a un procedimiento previo, y derecho a la propiedad.
El expresidente de la Asamblea Legislativa dice que en la “persecución política” fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia y luego por el ahora exfiscal, Raúl Melara. “Como parte de una vil conspiración política, cuyo propósito ha sido desterrarme de la participación política de mi país, utilizando de manera perversa al sistema judicial. Todo ello con grave daño a mi persona y otras personas absolutamente inocentes”, agrega.
Reyes enfrenta un proceso penal por lavado de dinero, peculado, y estafa agravada por supuestamente haberse apropiado de $106,000 a través del cobro de viáticos de 56 viajes y supuestas misiones oficiales en la Asamblea Legislativa, además, de la estafa de cinco terrenos del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, en el periodo de 2006 al 2019, cuando fungió como diputado y presidente de la Asamblea.
También es acusado de lavado de $472,000 según pericias financieras contables. De los casos de lavado y dinero, la Fiscalía dió origen a otro de extinción de dominio por el cual, inicialmente había incautado los bienes de su familia. En el año 2022, una Cámara ordenó descongelar 25 bienes incautados.
En el proceso penal, además de Reyes, también es acusado su hermano Earle Reyes Morales, el exasesor y exsocio Byron Enrique Larrazábal, además tres exempleados de la Corte de Cuentas: Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Yanira Ruiz, tres empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA): el gerente general, René Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vega Jiménez y Jenny Medina.
Reyes vive en México donde pidió asilo político y donde ha dicho, que pretende defenderse.
Demanda de Sigfrido Reyes ante la CIDH. /Tomado de su perfil de Facebook.