Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, al resumir que durante los dos años de régimen de excepción en El Salvador han registrado 240 muertes de personas detenidas, informó que de estos casos ya tienen "dos que vamos a ir a denunciar de manera individual ante la CIDH" , "otros tres que no han fallecido, están procesados, pero que han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles"; y añadió que demandarán al Estado por el caso de un menor de edad "inocente ya sobreseído y absuelto".
En declaraciones a Diario El Mundo, Escobar detalló que a organización tiene una base de datos de 236 personas detenidas que murieron en custodia estatal, además de dos bebés.
De estos casos, 98 los atribuye a homicidios, 74 a negligencia por falta de atención médica, 5 por enfermedad terminal y otros por causa desconocida. La mayoría de estas personas fueron acusadas del delito de agrupaciones ilícitas aunque solo 12 son identificados como pandilleros, ya que el resto se registra como ocupación desconocida, taxista, pastor, vendedor y agricultor, entre otros.
Relató que uno de los fallecidos en el régimen de excepción fue el sindicalista José Leonidas Bonilla. "Fue lo que nos motivó a ser la organización que somos ahora, puesto que él estuvo capturado, procesado y fue torturado, no se dio tratamiento médico hasta llevarlo a la muerte", relató.
Lamentablemente a esta fecha hay 240 víctimas mortales del régimen de excepción de las cuales 6 casos eran de Socorro Jurídico Humanitario, habían solicitado el apoyo en la organización pero fallecieron antes de tener una respuesta, dos son hijos de privadas de libertad, que son Carlitos y Génesis".
Ingrid Escobar,
Socorro Jurídico Humanitario.
La organización detalló que durante los dos años del régimen de excepción ha recibido por lo menos 7,000 denuncias de capturas arbitrarias, de las cuales ha documentado cerca de 2,000 denuncias.
También, registra unos 1,700 demandas de habeas corpus –recursos de exhibición personal que presentan familiares de las personas desaparecidas o capturadas que no han visto a sus familiares– presentados en la Sala de lo Constitucional, de los cuales no hay ninguna respuesta favorable: de las 74 respuestas, 14 han sido prevenciones de la Sala a los demandantes y 60 han sido declaradas improcedentes.
"Más de 1,600 todavía no hemos recibido respuesta. No hay justicia de parte de la Sala de lo Constitucional, hay negación de justicia porque hay retardación de esta", reclamó Escobar.
El régimen de excepción cumplió este miércoles dos años exactos de su aplicación luego de que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, que inicialmente suspendió cuatro derechos constitucionales –derecho de defensa, plazo máximo de detención, exigencia de aval judicial a intervenciones telefónicas y derecho de asociación– pero posteriormente fue restablecido el derecho de asociación.