Durante una jornada previa a la instalación de la audiencia, se intentó ubicar a los abogados notificados para la diligencia, pero se informó que algunos tenían otras diligencias judiciales, y otros estaban fuera del país.
La diligencia buscaba admitir una prueba documental respecto a estados financieros y bancario del expresidente Sánchez Cerén y del exsecretario privado de Cerén, José Manuel Melgar Henríquez.
Según abogados ligados al caso, la prueba ya fue declarada "impertinente" por el Juzgado Tercero de Instrucción en la audiencia preliminar, sin embargo, la Fiscalía busca que se logre incorporar como prueba y que sea discutida en el juicio.
El juicio de este caso está programado para desarrollarse del 20 al 30 de agosto del 2024, a las 9:30 de la mañana, en el Centro Judicial Isidro Menéndez.
En el caso son procesados el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Dolores Pohl Alfaro; el exsecretario privado de Sánchez Cerén, José Manuel Melgar Henríquez; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), José Guillermo Belarmino López, y el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández. Todos en calidad de reos ausentes, a excepción de Calixto Mejía, quien está presente y goza de medidas sustitutivas a la detención.
La Fiscalía General de la República sostiene que los exfuncionarios de la gestión Funes recibían dinero extra a sus salarios en concepto de “sobresueldos” y salían supuestamente de la partida secreta de Casa Presidencial.
En el caso de Sánchez Cerén, en calidad de exvicepresidente, la Fiscalía lo señala de haberse apropiado de $530,000, que supuestamente recibió en concepto de estipendios.
La defensa de Cerén siempre ha sostenido que la Fiscalía no tiene pruebas en este caso, debido a que la misma Corte Suprema de Justicia lo exoneró por supuesta riqueza ilícita, durante su cargo en la vicepresidencia.
En el caso del exministro de Obras Públicas Gerson Martínez es acusado por presuntamente haber aceptado $290,000 de sobresueldos, mientras que el exministro de Trabajo, Calixto Mejía, de recibir $208,000; Lina Pohl es señalada de haber recibido $177,000. No se ha detallado el monto señalado para el exsecretario Manuel Melgar.
Según detalla la acusación, el dinero era transferido desde el Ministerio de Hacienda a la Presidencia sin el aval de la Asamblea Legislativa.
Por este caso ya fueron condenados la exviceministra de Salud, Violeta Menjívar; la exviceministra de Educación, Erlinda Hándal; el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; y el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, tras someterse a un proceso de juicio abreviado, donde se les impuso la pena de tres años de cárcel, sustituida por trabajos de utilidad pública.
Sánchez Cerén reside en Nicaragua junto a su familia, donde obtuvieron asilo político del dictador Daniel Ortega; posteriormente fueron nacionalizados. Constitucionalmente, Nicaragua prohíbe entregar en extradición a sus ciudadanos.