El juicio comenzó oficialmente el 15 de agosto de 2023 y concluyó el 3 de noviembre del mismo año, y desde entonces el referido Tribunal encargado de llevar el caso no había emitido la sentencia, tras varias ocasiones de suspender el fallo.
Uno de los abogados de la defensa habló con Diario El Mundo e informó la decisión del Tribunal de dar a conocer la resolución del caso este viernes 8 de noviembre a las 8:30 de la mañana; señaló que el caso tiene reserva parcial y hay información “que es un poco delicada”.
La nueva fecha fue de conocimiento para la parte defensora el pasado martes en horas de la tarde, aseguró el abogado.
El lunes reciente, Diario El Mundo consultó a otro de los abogados de la defensa y en ese entonces manifestó que aún no habían sido notificados de una nueva fecha para la lectura de la resolución del caso; pese a que la ley indica que la lectura verbal de un fallo no puede sobrepasar los 10 días y que el “fallo debe darse inmediatamente”.
Mientras que el pasado martes, Diario El Mundo también preguntó a la oficina del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador con respecto al caso e informaron que la resolución del fallo seguía pendiente y que no había fecha aún, debido a una “excesiva carga laboral” y “complejidad del caso”.
Suspensiones del fallo
La lectura del fallo se ha suspendido en seis ocasiones, inicialmente el Tribunal programó la lectura del fallo para el 30 de noviembre de 2023, pero esta fue suspendida porque los jueces no habían terminado la deliberación del caso.En una segunda ocasión, fue programada para el 22 de diciembre del mismo, pero se suspendió bajo la misma razón, al igual que en una tercera fecha estipulada para el 9 de febrero de 2024.
En una cuarta fecha señalada para el 16 de febrero del presente año, también fue suspendida debido a que los fiscales estaban en el escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas. Y el pasado 21 de febrero se suspendió ante la ausencia de los fiscales del caso, supuestamente porque estaban en una diligencia judicial que les impedía estar presente en el fallo.
La última y sexta vez, ocurrió el 15 de marzo luego que los fiscales en sala recibieron una llamada telefónica y salieran de la sala donde se daría a conocer el fallo, supuestamente, porque fueron encomendados a una diligencia fiscal.
“Ha habido retardación en la emisión del fallo y eso implica que se ha roto el principio de continuidad de la audiencia, lo que genera ciertas consecuencias jurídicas”, manifestó la defensa.
Dichas consecuencias podrían ocasionar la nulidad del juicio. Y agregaron que habría que escuchar cuáles fueron las justificaciones del Tribunal por haber pospuesto durante más de un año la lectura de la defensa.
“Según ellos (el Tribunal) el fallo ya estaba listo y se ha reprogramado en diferentes ocasiones por motivos que la Fiscalía no ha estado presente a pesar que la ley dice que el fallo se va a dictar con la presencia de los que se presenten, no requiere que estén presentes todas las partes”, sostuvo uno de los abogados.
En la última fecha prevista para la resolución del caso, el juez encargado de dar el fallo advirtió que en la próxima fecha se emitirá el fallo con las partes que estén presentes, a la hora que esté programado y aseguró que la resolución está lista y que no se va a cambiar.
“Reiterarles a las partes que este fallo está listo desde la fecha anterior y no se va a notificar, ya está establecido tal y cómo se ha decidido, porque la decisión de este tribunal es unánime, pero está unanimidad en el presente fallo afecta a ambas partes y es por eso que es necesario, para los efectos de los recursos que tenga presentes”, sostuvo el juez en esa ocasión”.
Desde entonces, el caso quedó paralizado sin mayor detalle de cuándo se daría la lectura de la sentencia, hasta este miércoles que se conoció de la nueva fecha por parte de la defensa.
Acusación
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a 10 personas, exfuncionarios y exempleados de la gestión del expresidente Funes por el delito de peculado y lavado de dinero por el desvío de $351 millones de Casa Presidencial.Entre los acusados está la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, a quien la Fiscalía le imputa los delitos de lavado de dinero y activos, peculado, y evasión de impuestos.
El ente fiscal señaló que Pignato recibió $100,000 mensuales en concepto de pagos a tarjetas provenientes de los gastos reservados.
Ante ello, la FGR ha solicitado penas que oscilan entre los 4 y 30 años de cárcel.
- Vanda Pignato, exprimera dama, acusada de lavado de dinero y simulación de delitos, piden una pena de 19 años de cárcel, 4 años por simulación y 15 años de cárcel por lavado de dinero.
- José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé “, acusado de lavado de dinero y de activos y evasión de impuestos, piden una pena de cárcel de 23 años de cárcel, 8 por evasión de impuestos y 15 por lavado de dinero y activos.
- David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, acusado de lavado de dinero, la Fiscalía pidió 15 años de cárcel.
- Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos, la Fiscalía pidió 30 años de cárcel, 15 años por cada delito.
- Pablo Gómez, exasistente técnico de la Presidencia de la República, acusado de peculado, lavado de dinero y de activos, la Fiscalía pidió la pena de 27 años, 12 por el delito de peculado y 15 por lavado de dinero.
- Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro del expresidente Mauricio Funes, procesado por el delito de lavado de dinero y de activos, pidió la pena de 15 años de cárcel.
- Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos, la Fiscalía pidió la pena de 27 años de cárcel, 15 por lavado de dinero y 12 años por peculado como cómplice necesario.
- Rigoberto Palacios Panameño, exjefe de contabilidad, enfrenta el juicio por peculado, piden una condena de 15 años de cárcel.
- Luis Miguel Ángel García, acusado de lavado de dinero y de activos, la Fiscalía pidió la pena de 15 años de cárcel.
- Jorge Alberto Hernández Castellano, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial, enjuiciado por peculado, también la Fiscalía pidió 15 años de cárcel.