"Responde la licenciada Aldana Revelo (directora general de la UTE) que las instituciones vinculadas, en este caso, la PNC y la UTE, sobre la exigencia de la indemnización y el pago de vacaciones que se encuentran realizando las gestiones oportunas, esto nos indica a nosotros que se están haciendo los movimientos internos para que sea una realidad del pago del personal que fueron cesados", afirmó el secretario general del MTP, Marvin Reyes.
La respuesta de la UTE es a una solicitud realizada el pasado 12 de enero por el movimiento el pasado donde se les exponía la exigencia de la indemnización del personal, por haber sido despedidos de manera repentina y no haber mencionado ese derecho del trabajador cuando es cesado.
Añadió que una vez la unidad técnica haga las "gestiones" y agoten los procedimientos , se les informará de forma personal e individual el resultado de las gestiones realizadas.
"Nosotros esperamos que a más tardar a finales de este mes se haga efectivo el pago de la indemnización que les corresponde a cada uno de los agentes supernumerarios despedidos del programa de Protección de Víctimas y Testigos, así como el pago correspondiente a las vacaciones, vamos a estar nosotros bien pendientes de esta gestión" añadió Reyes.
Reyes les recordó a las autoridades que son 300 familias que se quedaron sin su fuente de empleo, y que por derecho tenían que ser indemnizados una vez afectados el despido, y que no había necesidad de denunciar públicamente los hechos.
El pasado 12 de enero, los agentes junto con el movimiento llegaron a las instalaciones de la UTE exigiendo que asumiera la responsabilidad de sus indemnizaciones, alegando que es la unidad encargada de administrar esos fondos.
“La UTE es la que manejaba el fondo del programa de protección a víctimas, Hacienda le trasladaba los fondos a la UTE para que se le pagará al personal su salario, para que se le pagara sus bonos, para que se les pagará sus vacaciones y nunca se les pagaron, entonces la UTE tiene que responder por los despidos”, afirmó Reyes cuando presentaron la petición.
Entre los 300 agentes despedidos hay personas con unos 16 años de antigüedad, que fueron cesados por la no renovación del contrato en esa unidad. El Movimiento de Trabajadores de la Policía estima que desde abril del 2022, unos 2,000 agentes han sido despedidos y cesados de sus funciones, entre administrativos y operativos.