En medio de un constante bombardeo de mentiras y propaganda disfrazada, una realidad innegable ha caracterizado la administración gubernamental actual en El Salvador: las dificultades financieras. A pesar de los esfuerzos por maquillar la situación, las decisiones propias del resquebrajamiento institucional y las improvisaciones han cerrado las puertas del mercado externo financiero, especialmente para recursos de apoyo presupuestario.

El gobierno se ha enredado en un camino donde la escasez de financiamiento lo ha forzado a tomar decisiones en detrimento del bienestar de la población. La prioridad ha sido el pago de la deuda (y la propaganda), mientras que áreas cruciales como la educación y la salud han sufrido recortes dolorosos. La propia incompetencia gubernamental se ha traducido en una falta de respuesta adecuada a los problemas apremiantes de la población, como el aumento alarmante del hambre y la pobreza en el país.

Sin embargo, las dificultades no se limitan solo al funcionamiento de las políticas públicas. Un ejemplo reciente lo encontramos esta semana en la solicitud de una reforma al presupuesto 2023, donde se buscan incorporar $11 millones para cubrir las remuneraciones del personal de Casa Presidencial entre agosto y diciembre. Esto al mismo tiempo que el gobierno solicitaba la autorización para la contratación de deuda por $500 millones a través de la colocación de bonos, pues tal como el Icefi advirtió cuando se aprobó el presupuesto para este año, no se tenía garantía de donde se iba a conseguir todo el dinero para cerrar la brecha financiera.

A pesar de la gravedad de la situación financiera, hay indicios de un posible cambio en el horizonte. Los “pasillos diplomáticos” insinúan que quienes dicen defender la democracia y los derechos humanos podrían estar dispuestos a aceptar una reelección inconstitucional en El Salvador. Esto pone de manifiesto una contradicción preocupante, donde actores internacionales podrían aliarse con un gobierno alejado de los estándares democráticos. En esta saga se vislumbra la posibilidad de que los mercados de bonos vuelvan a abrir sus puertas para prestarle dinero al gobierno (en última instancia, los negocios son lo que cuentan). Esto podría estar cerca de concretarse, pues se estaría avanzado en serio en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo la justificación de que, dadas las erráticas decisiones gubernamentales, sería mejor brindar apoyo por el bien del país. Incluso la reciente salida del exministro de hacienda podría interpretarse en esta lógica, como una muestra de cambios “positivos” por parte del gobierno.

Sin embargo, este acuerdo, aunque a primera vista parezca una solución, plantea una preocupación de gran magnitud si no se toman las medidas preventivas: entidades financieras internacionales podrían convertirse en cómplice de un gobierno que ha demostrado acciones autocráticas, casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. La posibilidad de que un organismo respalde a tal administración plantearía interrogantes sobre su propia integridad y compromiso con los valores democráticos y de derechos humanos.

Por ello, es esencial que la ciudadanía y la comunidad internacional estén atentas a esta situación. La crisis financiera en El Salvador no puede ser ignorada ni subestimada, pero tampoco lo que está pasando con la democracia y el Estado de derecho. Las decisiones y prioridades erráticas del gobierno están teniendo un impacto real y negativo en la vida de la población, y la falta de transparencia y rendición de cuentas solo agrava la situación.

En un país donde las instituciones se encuentran en un estado precario, es esencial que la ciudadanía exija transparencia y responsabilidad. La actual administración debe rendir cuentas por sus decisiones y acciones, y los acuerdos con organismos internacionales deben ser minuciosamente examinados para garantizar que no se conviertan en un cheque en blanco para un gobierno que ha demostrado falta de compromiso con los derechos de su población. No obstante, es igualmente importante que la comunidad internacional se mantenga fiel a los valores que dice defender. La situación en El Salvador es todo menos sencilla. Sin embargo, es vital comprender que no se podrá resolver mediante propaganda o decisiones improvisadas. Pero tampoco financiar sin garantías a un actor que no está dispuesto a respetar las reglas democráticas ni a priorizar el bienestar de su pueblo conducirá a soluciones efectivas ni debería ser el camino por seguir.