El pasado 31 de mayo se dio a conocer el estado de la transparencia presupuestaria en El Salvador de acuerdo a los resultados de la Encuesta del Presupuesto Abierto de la organización International Budget Partnership. Esta es la octava oportunidad que la entidad internacional realiza esta evaluación, siendo parte fundamental del trabajo la colaboración con organizaciones locales de los países seleccionados quienes realizan el llenado de la encuesta. Posteriormente los resultados son revisados y comentados por un experto independiente y, cuando el gobierno de un país seleccionado es anuente, también tiene la oportunidad de comentar y revisar el borrador de la referida encuesta. Después de este largo proceso, es el IBP quién coloca el puntaje final que pueden oscilar entre 0 y 100 puntos, yendo de un país que proporciona muy poca información al puntaje mayor que alude a que proporciona suficiente información presupuestaria.

Para el caso particular de El Salvador, IBP trabaja en conjunto con la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) quién tuvo que verificar la disponibilidad, el acceso al público y la calidad de la información presupuestaria revisando ocho documentos que, de acuerdo a la metodología de la encuesta elaborada por el IBP, son esenciales para conocer el nivel de transparencia presupuestaria que tiene un país. Los ocho documentos son: la política presupuestaria, el proyecto de presupuesto, el presupuesto aprobado, el presupuesto ciudadano, los informes de la ejecución presupuestaria durante el año, el informe de medio año, el informe de la gestión financiera del Estado y, finalmente, el informe de auditoría.

Los resultados de la octava edición de la encuesta arrojaron un resultado de 41 puntos de 100 posibles, lo que implica que en El Salvador la información presupuestaria proporcionada es insuficiente; en la edición anterior para el año 2019, el país obtuvo un puntaje de 46; es decir, el país cayó 5 puntos con respecto a la edición anterior. El umbral donde sucede el cambio que indica que la información proporcionada es suficiente es de 61 puntos. Esto implica que se está a 20 puntos de distancia de alcanzar ese puntaje de relevancia. A la base de esta calificación de 41 puntos está la ausencia, falta de disponibilidad o baja calidad de información de tres documentos para el caso particular de El Salvador: la política presupuestaria, el informe de medio año y el informe de auditoría.

Para esta edición de la encuesta correspondiente a 2021, y que explica en buena parte la caída en el puntaje, la política presupuestaria no estuvo disponible al público por lo menos un mes antes de presentarse el proyecto de presupuesto que se lleva por parte del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa. Esto no permitió que los ciudadanos conocieran las prioridades de política que el Ejecutivo iba a concretar en el proyecto de presupuesto. Este documento muestra el escenario macroeconómico y la disponibilidad global de recursos financieros que servirán de base en las discusiones del consejo de ministros para elaborar el proyecto de presupuesto.

Por otra parte, y como fallos recurrentes en las últimas ediciones de la encuesta, se encuentra la no elaboración del informe de medio año y la falta de acceso al público del informe de auditoría. El informe de la situación macroeconómica y la ejecución presupuestaria en los primeros 6 meses del año que elabora el Ministerio de Hacienda no contiene una discusión, a juicio de IBP, del impacto que estos cambios en el ritmo de ejecución o en las variables de la economía tienen en la determinación del déficit fiscal, los ingresos a recaudar y la la deuda pública; así como los cambios propios de la ejecución presupuestaria por modificaciones de las prioridades del gobierno.

Un aspecto de suma relevancia es la falta de acceso al público de los informes de auditoría elaborados por la Corte de Cuentas de la República; IBP considera que la entrega de un documento a la ciudadanía que da fe la entidad contralora ha realizado auditorías de la gestión gubernamental es insuficiente. En ese sentido, se requiere conocer el informe de auditoría que dé cuenta del examen a la erogación de los fondos públicos. En el mismo se debe evaluar la exhaustividad y precisión de las cuentas liquidadas y si la gestión financiera y la contabilidad del gobierno está en sintonía con las leyes y procedimientos vigentes.

Así las cosas, mejorar la puntuación en materia presupuestaria pasa por tomar medidas relativamente fáciles, como simplemente poner a disposición del público la política presupuestaria meses antes de la presentación del proyecto de presupuesto. Una medida de este tipo contribuiría por lo menos a volver al puntaje anterior que se tenía en ediciones previas de la encuesta. Un trabajo más fuerte es el que se requiere para la elaboración del informe de medio año y la presentación del informe de auditoría; lo positivo es que tanto Hacienda como la Corte de Cuentas han dado muestras de interés con los expertos del IBP en abordar estos retos.