Pero este muchacho nunca ha sido mi gran motivo de preocupación y cada vez más me tiene sin cuidado mientras vea, sienta y compruebe que poco a poco nuestra gente va encontrando en qué creer y porqué luchar. ¿En qué creer? En el mensaje de nuestro santo patrono de los derechos humanos, sin duda. ¿Por qué luchar? Por la superación de la miseria que conlleva –citando la Conferencia Episcopal de Puebla a la que hizo referencia monseñor Romero en Lovaina, cincuenta días antes de su martirio– salarios de hambre, desempleo y subempleo, desnutrición, mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada, problemas de salud, inestabilidad laboral...
Son estas, pasados 45 años de eso, penurias que aún laceran la cotidianeidad de nuestras mayorías populares y se agravarán con una de las últimas trastadas del oficialismo: junto a sus socios nacionales y extranjeros, le dio el banderillazo de salida a la puesta en marcha del gran negocio de muerte –la minería metálica– cuya normativa fue aprobada en una fecha dolosamente escogida, el 23 de diciembre del año pasado, por la borregada legislativa de Bukele. Perdón, quise decir bancada; “error de dedo”, jejejé, aclaro.
A propósito, nuestro verdadero buen pastor certificó que es “injusta la ley que no distribuye con equidad las cargas sobre los súbditos en tanto en cuanto sean necesarias para el bien común”. Y la Ley general de minería metálica puesta en las manos oligarcas y del régimen bukelista, es del todo injusta pues las cargas de ese negocio solo incrementarán el mal común prevaleciente acá para beneficio de unos pocos.
El anterior juicio fue emitido el 13 de mayo de 1950, ¡hace 75 años!, por el entonces padre Romero. Siendo ya cuarto arzobispo de San Salvador, este pronunció una homilía digna de todos los aplausos brindados por la feligresía asistente a la misa del 20 de agosto de 1978. Leyéndola atentamente, concluyo que estaba muy consciente de su rol: pedirle que dialogara con el Gobierno, dijo, “era muy poco”. No le tocaba a él hacerlo. Le correspondía a “las fuerzas del país”, “los partidos políticos”, “las agrupaciones” con “sensibilidad social”... Y el presidente, aseguró, debía “abrir un cauce democrático” para ello. Eso no se practica ahora.
Asimismo, fue demandante. Entonces se refirió a un estudio del Socorro Jurídico Cristiano, sobre 99 personas desaparecidas por la dictadura. “¿Dónde están?”, inquirió. “En nombre de las angustias de este pueblo –agregó– puedo decir: póngalos a la orden de un tribunal si están vivos; y si lamentablemente ya los mataron los agentes de seguridad, deduzcan responsabilidades y sanciónese, sea quien sea. Ha matado, tiene que pagar”. Esto último tampoco ocurre hoy. Además, Romero denunció la Ley de defensa y garantía del orden público, aprobada por una Asamblea Legislativa controlada por el Partido de Conciliación Nacional: el de los militares. Ese adefesio “legal” precedió a una chorrera de toques de queda, estados de sitio, ley marcial y estado de emergencia nacional... Para ahí vamos, comenzando ese trayecto con el régimen de excepción bukeleano implantado hace tres años.
Por último quiero hacer notar su honestidad. De esa homilía brotó algo célebre. “Me decía un pobrecito ‒expresó‒ una frase que no se les va a olvidar a ustedes, como no se me olvida a mí: ‘es que la ley, monseñor, es como la culebra. Solo pica el descalzo’”. Eso sí, citó la fuente; no se atribuyó su autoría, pese aque en tan pocas y sencillas palabras retrataba unsistema de “injusticia” que atentaba contra la gente estrangulada por la pobreza.
Ya vieron pues: para comenzar a transformar radicalmente nuestra realidad nacional, perversa y en camino de una mayor perdición, habrá que creer en el santo patrono de los derechos humanos porque lo que él denunció y por lo que lo asesinaron siguen siendo razones suficientes para luchar.