Recientemente, se ha conformado en el seno legislativo, un grupo parlamentario, donde resalta la predominancia numérica de diputados pertenecientes al partido oficialista, con el rimbombante nombre de “Comisión Especial para Investigar sobresueldos ilegales en gobiernos anteriores”, en base a una resolución pronunciada en la misma Asamblea y no por un tribunal de justicia, o la Fiscalía General de la República, tal como lo consigna el “mataburros” gramatical, que siempre tengo a la mano en mi modesta oficina jurídica.
Este hecho, a mi juicio, constituye una conformación anómala de dicha comisión, al tener predominancia de diputados oficialistas, cuyas directrices parciales no merecen, siquiera, dedicarles un corto espacio en mi columna, pues son de público conocimiento. También advertimos, en esa comisión, que no cuenta con un asesor jurídico imparcial, llamado de fuera del ámbito legislativo, quien seguramente la habría orientado para realizar sus indagaciones, o diligencias investigativas, para no incurrir en los enormes y evidentes errores, de crasa ignorancia legal, que observamos los ciudadanos, con motivo de comparecer los exfuncionarios Eugenio Chicas y doña Yanci Urbina, con quienes, dicho sea de paso, no me ligan lazos ideológicos ni simpatías de ninguna índole. Y hago esta aclaración, porque conociendo a los “santos legislativos”, les adivino sus milagros...
Dado que en el plano docente fui profesor de idioma nacional por muchos años, no pierdo la tendencia de recurrir al amigo Diccionario, donde encontramos que el verbo investigar, es realizar diligencias adecuadas para lograr la verdad sobre un hecho determinado, en este penoso caso, de supuestos pagos de sobresueldos a funcionarios que laboraron, solamente en regímenes que, políticamente pertenecieron a los institutos ARENA y FMLN. Segundo error craso.
Si esa comisión realmente desea sentar un precedente benéfico en el manejo de los fondos públicos del país, su campo de investigación debe extenderse, por lo menos, también al actual gobierno del señor Nayib Armando Bukele, dada las cercanías electorales y teniendo, como premisa fundamental, que lo importante es la sanidad en el uso y destino del erario salvadoreño, sin importar si un gobierno es afín o desafecto a los diputados de la actual bancada oficialista, apoyada por dos micro partidos aliados.
Sin embargo, y esto fue lo más erróneo de tal comisión, es que algunos de sus miembros, en lugar de indagar, preguntar, pedir documentos, etc. es decir, hacer las diligencias adecuadas que toda investigación exige, lo que presenció la ciudadanía, fueron imputaciones directas hacia los exfuncionarios convocados. Se convirtieron, automáticamente, en acusadores.
Una acción claramente fuera de los cánones legales y constitucionales, pues incluso, el mismo presidente de esa comisión y, a la vez, del órgano Legislativo, señor Jorge Castro, expresó dos cosas muy delicadas desde el ámbito jurídico: una, que “ya cuentan con elementos de juicio” y dos, textualmente afirmó a la prensa: ”cuando, los sentamos acá, tenemos ya ciertos elementos probatorios en contra de ellos, todos estos procesos, todos, óiganme bien, todos estos procesos que estamos desarrollando, van a culminar en un proceso judicial”.
Además de adelantar un veredicto condenatorio, deslegitimó la esencia conformadora de la comisión al expresar que ya cuentan “con elementos probatorios”, luego, no buscaban investigar ningún hecho de corruptela, sino que los citados, a lo mejor, se auto declararan “reos confesos” de supuestos ilícitos, violando el sagrado principio de la presunción de inocencia, mientras no sean oídos y vencidos en juicio, ante un tribunal competente del país. En este triste episodio, los diputados per se actuaron en juez y parte acusadora de los exfuncionarios en mención. Algo insólito, antijurídico e ilegítimo desde sus propias raíces. Moral y legalmente, esa comisión hoy carece de autoridad suficiente para citar a más exfuncionarios que “aporten datos a sus investigaciones”. Lo dicho, dicho está y a confesión de parte, señor Jorge Castro, relevo de pruebas.
Sólo queda por esperar los sucesos posteriores. Realmente, el país se encamina hacia un limbo peligroso que, más temprano que tarde, puede hacernos caer en la fosa de la ilegitimidad y el caos jurídico, es decir, corremos el riesgo de lesionar gravemente el Estado de Derecho, como sucede en Cuba, Nicaragua, Venezuela y otras naciones hermanas, presas en las garras de crueles dictadores. ¿Lo permitiremos, estimados conciudadanos?