En El Salvador no deberíamos dejar pasar por alto la oportunidad de reflexionar sobre lo que nos falta por hacer para construir un país con justicia social, en especial porque la ausencia de ella tiene múltiples manifestaciones. De acuerdo a la más reciente edición de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, a nivel nacional: 1 de cada 10 personas no sabe leer ni escribir; casi el 40.0% de la niños y niñas de parvularia no asiste a la escuela; más de la tercera parte de las y los adolescentes no cursa sus estudios de bachillerato; la tasa de desempleo es del 6.3%; las mujeres apenas reciben un salario promedio que equivale al 85.7% del salario promedio de los hombres; las labores de cuido recaen en las mujeres, quienes representan a 8 de cada 10 personas fuera del mercado laboral; más de 40 mil hogares carecen de acceso a la energía eléctrica y más de 192 mil no tienen acceso a agua por cañería; y, la cuarta parte de los hogares salvadoreños, 24.6%, vive en situación de pobreza, con un 7.8% que ni siquiera percibe los ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos.
Ante este contexto, es importante el reconocimiento de que si bien todas las personas, desde cada uno de nuestros ámbitos de acción, podemos contribuir a la construcción de un país más justo socialmente, quienes ejercen el poder público tienen una mayor responsabilidad, ya que son quienes tienen la potestad de decidir promover o negar la justicia social. Obviamente la justicia social no se construirá a partir de spots publicitarios, publicaciones en redes sociales o encuestas de popularidad, sino con base en acuerdos sociales participativos e incluyentes en materia de crecimiento económico, protección ambiental, promoción del empleo e ingreso digno, universalización y mejora en la calidad de los bienes y servicios públicos; pero sobretodo, poniendo a las personas y sus derechos al centro de cualquier política pública, incluyendo la fiscal.
¿Y por qué menciono particularmente la política fiscal? Porque en ella se refleja el rostro concreto del tipo de Estado que tenemos y del país que queremos construir; la forma en que se diseñe e implemente determina las posibilidades de construir la justicia social. Por ejemplo, si el gasto público se ejecuta con el propósito de alimentar la popular de un gobierno o un presidente, difícilmente permitirá avanzar en el logro de objetivos de desarrollo y de garantía de derechos que abonen a un país más justo e inclusivo. De igual forma, si los ingresos públicos no se recaudan con base en principios de progresividad, equidad y suficiencia, esto solo repercutirá en la intensificación de las desigualdades estructurales. Además, una fiscalidad para la justicia social también requiere promover la existencia de espacios para la participación ciudadana, garantizar el acceso a la información pública y por supuesto, fortalecer la lucha contra todas las formas de corrupción - pública y privada- e impunidad.
En un El Salvador donde aún imperan la pobreza, la desigualdad, la vulneración de derechos y la falta de oportunidades, todas las personas podemos aportar a construir un país más justo, pero para ello también debemos exigir a los funcionarios que sus decisiones de políticas públicas sean en pro de la justicia social, la igualdad de oportunidades y el goce pleno de derechos.