Históricamente, el sistema penal y de Justicia ha padecido de una «miopía jurídica» que centra toda su atención en el delincuente, en el criminal, dejando a la víctima como un simple objeto de prueba. En El Salvador en este año continúan los casos conocidos como «macroprocesos» o juicios masivos contra las estructuras criminales de las pandillas. Sin embargo, como criminólogo, observo con mucha preocupación que estemos por ganar la batalla del castigo en las audiencias únicas abiertas, pero perdiendo la de la justicia integral para las víctimas.
El éxito de una política criminal no debe medirse únicamente por el número de sentencias condenatorias y menos en el número de registros de capturas. La verdadera eficacia se encuentra en la capacidad del Estado para restaurar el tejido social roto. Si el victimario es vencido en juicio y condenado a décadas de prisión, pero la víctima, aquella que perdió su patrimonio, su hogar por desplazamiento forzado o el sustento tras un homicidio no recibe ni un centavo de responsabilidad civil, estamos ante una justicia insuficiente e incompleta.
En la teoría clásica, el delincuente debe reparar el daño. Pero por favor enfoquemos en la realidad fenomenológica de las pandillas criminales:
Insolvencia formal: La mayoría de los procesados carecen de bienes registrados a su nombre. Son muy hábiles y aprendieron a no registrar nada a su nombre.
Extinción de Dominio: Los bienes incautados a los cabecillas suelen ser absorbidos por el Estado para gastos operativos y para administrar dichos recursos incautados, rara vez llegan a los afectados directos, las víctimas bajo ninguna figura.
Imposibilidad de cobro: Una condena de 35 a 60 años de prisión o la pena de prisión perpetua revisable anula cualquier posibilidad de que el sujeto genere ingresos para resarcir a sus víctimas.
Dejar la reparación en manos de la «buena voluntad» o la solvencia del pandillero es, en la práctica, negarle el derecho a la reparación a miles de salvadoreños.
Desde mi enfoque victimológico y de Justicia Criminal someto a consideración la siguiente Propuesta y recomendación al Estado salvadoreño: El Fondo de Reparación Solidaria para las Víctimas de las pandillas criminales.
Es imperativo que el Estado salvadoreño transite de una Victimología Crítica a una «Victimología de la Acción». La creación de un Fondo de Reparación para Víctimas de Pandillas no es una dádiva, no es una acción de caridad, es una obligación de justicia social basada en los siguientes pilares mínimos:
1. Subrogación del Estado: al no haber podido garantizar la seguridad pública y ciudadana en el presente siglo, asume la responsabilidad subsidiaria de indemnizar, cobrando posteriormente al sentenciado si este llegase a tener activos. Siempre he sostenido que las víctimas son la evidencia de los Estados de haber fallado en su deber prioritario de protegerla.
2. Financiamiento Estratégico: Este fondo debe nutrirse de los bienes decomisados mediante la Ley de Extinción de Dominio, sugiero que de un porcentaje de las ganancias de las industrias y trabajo penitenciario y de la cooperación internacional. Así como una contribución de las armas, municiones, alcohol y otras áreas que producen víctimas, lesionados y homicidios. Incluso de un porcentaje por mejoras en la recaudación tributaria.
3. Reparación Integral: No hablamos solo de dinero. El fondo debe cubrir rehabilitación psicológica, social, becas educativas para hijas e hijos que perdieron a sus padres por la violencia y criminalidad de las pandillas, programas de acceso a vivienda, programas para emprendedores, lista de espera con prioridad para nuevas plazas de trabajo en el Estado.
No podemos permitir que las victorias en sede judicial de los macroprocesos sean consideradas para las estadísticas. El dolor humano no se extingue con una la sentencia de una condena. Si el Estado salvadoreño ignora la reparación material y moral, corre el riesgo de generar una nueva generación de resentimiento social. Y ya nos sucedió, las víctimas del conflicto armado miles ahora duermen y no recibieron ni la verdad, ni la justicia. No permitamos que la historia se repita.
Como sostengo y lo seguiré promulgando: Sin reparación, no hay un verdadero tratamiento criminológico, ni paz del victimario, ni pacificación tampoco reinserción, menos restauración de la víctima. Es hora de que el Derecho Penal y el sistema de justicia deje de ser una prioridad sobre la pena y condena, y se convierta en un diálogo sobre la justicia. La deuda con las víctimas es enorme; es momento de empezar a pagarla.
*Por Ricardo Sosa / Doctor en Criminología / Doctorante en Justicia Criminal / @jricardososa
