La transparencia es importante pero no suficiente. El acceso a documentos públicos que den a conocer la toma de decisiones, contratos y movimientos de recursos públicos es relevante pero insuficiente si no se establecen los canales institucionales para que la población pueda participar en el proceso de la deliberación en asunto públicos. El acceso a la información pública es la materia prima para realizar una incidencia informada, pero esta es visible y efectiva si se realiza a través de canales que las mismas autoridades hayan institucionalizado.

El pasado 31 de agosto, el International Budget Partnership (IBP) dio a conocer los resultados la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 que evalúa tres aspectos esenciales: la transparencia presupuestaria –el acceso a información presupuestaria de calidad de parte de la ciudadanía--, la participación pública en el proceso presupuestario, y el rol de vigilancia de las instituciones de control que observa el trabajo de los parlamentos y las entidades de contraloría. En la referida Encuesta, del total de las 142 preguntas, 18 de ellas son las que están orientadas a evaluar la participación ciudadana en el proceso presupuestario –las preguntas que van de la 125 a la 142 de la encuesta— y uno de los resultados más característicos en esta edición es el bajo nivel de puntuación que obtienen los países en el ámbito de la participación pública. Es decir, hay países que dan mucha información presupuestaria de calidad, sin embargo, los espacios para que la ciudadanía incida con esa información en el proceso de formulación, aprobación, ejecución o contraloría del presupuesto, son pocos o nulos.

Con un puntaje de va de 0 a 100, donde 0 es nula participación y 100 implica condiciones óptimas de participación, el promedio global para los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto para 2021 es de 14; prácticamente la misma calificación que se obtuvo en la edición de la Encuesta de 2019. Es decir, se registró una mejoría leve en el promedio global en la transparencia presupuestaria pasando de 45 a 46, pero en los referido a la participación ciudadana se experimentó en términos globales un estancamiento. A pesar de ello, algunos gobiernos innovaron en la provisión de canales de participación para los ciudadanos: por ejemplo, en Corea del Sur se incrementó la representación de las comunidades marginadas durante la deliberación sobre el presupuesto.

En Indonesia se crearon portales centralizados para ingresar evaluaciones en la entrega de servicios públicos. Así, el gobierno tiene un indicador que califica la calidad de servicios públicos de acuerdo con los ciudadanos. A pesar de estos esfuerzos, lamentablemente la participación pública continúa siendo escasa, y la característica más relevante es que donde hay acceso a información presupuestaria oportuna, suficiente y de calidad, aún los Estados no establecen los mejores mecanismos que aseguren a los ciudadanos el uso de esta información en la deliberación sobre el uso de los fondos públicos.

De acuerdo con la metodología del IBP se observan 4 momentos relevantes durante los cuales los ciudadanos pueden realizar incidencia en el presupuesto, ya sea a través de canales legalmente instituidos o aquellos establecidos por costumbres no explicitadas en leyes, sino mediante prácticas políticas que un gobierno viene aceptando y cultivando durante su gestión.

Estos cuatro momentos son: en el proceso de formulación del presupuesto, que constituyen los momentos previos a que llegue el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa; la participación ciudadana en la aprobación del presupuesto estatal; mecanismos de participación en el momento de la ejecución presupuestaria; y finalmente, mecanismos de participación en el momento que la entidad contralora y de auditoría, como es la Corte de Cuentas, está en el proceso de la elaboración de sus informes sobre la liquidación del presupuesto.