Nadie, en su sano juicio, podría rechazar o estar en contra de la actual campaña gubernamental de capturar a peligrosos pandilleros, que hasta el momento de redactar esta columna, basado en datos oficiales, alcanza una suma superior a los 18 mil detenidos, apartando, por supuesto, a centenares de inocentes, que cayeron por diversas causas muy ajenas a la delincuencia, cuya detención evidentemente ilegal contraría el respeto a los derechos humanos, que por su naturaleza universalmente reconocida, siguen prevaleciendo aun dentro de un estado de excepción constitucional, cuya liberación es urgente concretarla, de lo contrario, las consecuencias en el plano internacional no serían muy agradables o favorables para la actual administración del presidente Bukele.

El que varias asociaciones civiles hayan realizado las gestiones pertinentes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la FGR o ante el mismo gabinete de seguridad, ha producido reacciones furibundas de ciertos diputados oficialistas y funcionarios, con frases y adjetivos calificativos de evidente “malcriadeza mesonera”, muy impropia e incalificable por la función pública que desempeñan. Y si esos impulsos se vuelven incontrolables, sería recomendable que tomasen un té de valeriana o manzanilla, para apaciguar la exaltación nerviosa.

Estos comentarios nacen después de escuchar las declaraciones de la diputada Suecy Callejas, de la bancada oficialista, quien en una entrevista por televisión dijo que “apenas se han capturado 15 mil pandilleros, pues aún faltan más detenciones, ya que el país cuenta con alrededor de 75 mil mareros peligrosos para la ciudadanía”.

Si restamos los ya detenidos de la cifra enorme proporcionada por la legisladora en comento, significa que la PNC y militares que los acompañan en los operativos de búsqueda y captura de pandilleros, les falta poner tras las rejas nada menos que ¡a 60 mil individuos! Eso, aunque nadie quisiera opinar alrededor, se impone la realidad de una posible tarea muy dura y crucial para el gobierno quien, desde la implementación de su proceder actual, es indudable que se ha echado “un trompo de punta roma al dedo”, el cual debe continuarlo hasta su máxima expresión, pero que, trae aparejados otros aspectos que han comenzado a expresarse, pese a los enojos y expresiones iracundas de quienes, quizás, se consideran seres humanos perfectos.

Una de las interrogantes es con respecto si el gabinete de seguridad elaboró, previamente, un cuidadoso plan o una hoja de ruta, antes de proceder a esas capturas, pues de lo contrario, eso explicaría la serie de abusos y detenciones ilegales que se han venido denunciando; dentro de ese plan, acaso el gobierno previó dónde colocaría esa ingente masa de pandilleros, pues los hacinamientos que se producen por tan excesivo actuar de capturas, no es recomendable para ningún sistema penal del mundo, ya que requiere de un cuidado especial, debidamente previsto, que tiene mucho que ver con alimentación, depósito de excretas, prevención de enfermedades contagiosas, ya que de producirse, pueden traspasar los recintos e infectar a las comunidades cercanas, etc.

Y finalmente, ¿estará preparado el sistema penitenciario nacional para alojar esos 75 mil pandilleros, que según dijo la legisladora oficialista, hay en el país? El asunto es muy delicado, que en vez de enojos que surgen de labios oficialistas, mejor deberían incitar a la búsqueda de soluciones posibles, no tanto por humanitarismo a criminales empedernidos, extorsionadores y narcotraficantes, sino por el grado de aceptación positiva de los procedimientos oficialistas, bienestar de la ciudadanía y efectividad aceptable de las actividades policiales.

Si esta actividad represora tiene éxito, eso resultaría en ganancia política para el presidente Bukele. Es una posibilidad que puede darse, pero desafortunadamente, hay funcionarios, diputados, o particulares mal informados, que cuando leen o escuchan opiniones como la presente, hechas con la mejor buena voluntad de que las actividades se efectúen en debida forma, legales y respetuosas, aunque exista un estado de excepción (que no será eterno), tildan a sus exponentes como amigos de los delincuentes, o enemigos gratuitos del régimen, y una sarta más de epítetos incorrectos, lindantes en el irrespeto familiar, lo cual en vez de generar o aumentar prestigio oficial, lo reducen en forma muy negativa.

Además, sabemos por nuestra profesión de abogados, que muchos de esos pandilleros, son el producto de abusos o abandonos irresponsables, falta de oportunidades educativas, extrema pobreza hogareña, etc. que podrían abrir la oportunidad de realizar, con algunos de ellos, un proceso de readaptación positiva y en base a las experiencias de un estudio psicosocial, el gobierno podría implementar, para lo que resta de su período constitucional, un buen plan de acción social para las futuras generaciones, que continuaría el siguiente mandatario electo por el pueblo.