Los abogados presentado dos demandas hoy ante la Sala de lo Contencioso administrativo y recusaron a dos magistrados que votaron en Corte Plena. / Iliana Cornejo.
Los acusadores particulares del proceso judicial de la masacre de El Mozote y sitios aledaños demandaron ayer a la Corte en pleno por la elección de la jueza Mirtala Portillo de Cruz, y del magistrado Fausto Paiz Romero, quienes conocerían de la causa.
Los abogados pidieron a la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, que declare nulo ambos nombramientos por no seguir el debido proceso.
La jueza Portillo de Cruz es la nueva titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, en sustitución del juez Jorge Guzmán Urquilla; mientras que el magistrado Paiz Romero, fue nombrado en la Cámara Tercera sección de oriente, con sede en San Miguel.
Ambos fueron puestos en los cargos, tras la entrada en vigencia del decreto legislativo 144 que cesó a los jueces mayores de 60 años y de 30 años en la judicatura, en septiembre pasado.
¿Por qué piden la nulidad?
Los abogados de las organizaciones Cristosal y Tutela Legal María Julia Hernández, David Morales y Alejandro Díaz, explicaron que la Corte en pleno nombró a los jueces sin seguir el proceso que ordena la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, la misma Ley de la Carrera Judicial y el artículo 186, inciso cinco de la Constitución de la República.
“Los nombramientos que realizó la Corte son ilegales porque se omitieron fases escenciales para el nombramiento de este tipo de funcionarios, la ley es muy clara, tanto la Ley de la Carrera Judicial, como la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura; el nombramiento de funcionarios judiciales requiere de un proceso de selección con una serie de garantías de objetividad, en ese proceso que incluye la publicidad de todos los actos, el Consejo debe realizar entrevistas, evaluaciones, dar oportunidad de igualdad de condiciones a quienes participan para generar una terna, la Corte tiene únicamente facultades de nombramiento, pero a partir de las ternas que le ha enviado el consejo”, explicó ayer el abogado, David Morales.
En la demanda, los abogados pidieron que se restituya al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien tiene cinco años de conocer el proceso y que fue cesado por el decreto 144.
Morales señaló que el juez no renunció, como informó la Cancillería de la República a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“También (se pide) la medida cautelar de suspender inmediatamente los nombramientos y que se restituya al juez Guzmán Urquilla, que es el juez propietario, el juez natural de la causa de El Mozote ya que se está atentando contra principios del juez imparcial, del juez de la causa que ha llevado por más de cinco años”.
Recusación.
Los acusadores particulares recusaron a los magistrados Enrique Portillo Peña y José Clímaco Valiente, porque “fueron parte de los actos ilegales realizados a partir del decreto 144”, afirmó Morales.
Añadieron que el actual presidente de la Corte, Óscar López Jerez hizo declaraciones públicas que constituyeron “una injerencia a la actuación independiente del tribunal que ventila la causa de la masacre de El Mozote”.