La coordinadora del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), Sonia Urrutia, aseguró que la Alianza está desarticulada, aunque aseguró que en la marcha –desde el Parque Cuscatlán hasta la Plaza Cívica– participarán miembros de la Alianza. No quiso dar nombres.
Sin Alianza Nacional, extrañamos a los coordinadores, prácticamente desarticulada porque el gobierno atentó prácticamente contra los liderazgos... Ahí van a andar, lo único que no puedo manejar nombres”.
Sonia Urrutia, coordinadora del BRP, sobre la captura de dirigentes de Alianza ocurrida en mayo.
Según Urrutia, uno de los motivos de la marcha es exigir la "pronta liberación" de ese grupo de dirigentes de activistas. "Son defensores de derechos humanos, reconocidos a nivel nacional", los defendió.
La Alianza Nacional El Salvador en Paz aglutina a excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y veteranos de la Fuerza Armada y organizaba protestas y conferencias críticas al gobierno actual. En una de las últimas conferencias públicas de este movimiento, en la cual participó Rubén Zamora, defendió la "insurrección pacífica" ante la reelección presidencial.
Los detenidos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz son José Santos Melara, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel. Días más tarde, se conoció de la detención del comunicador social de Chalatenango, Luis Menjívar. A las capturas se sumó el economista y exdirigente del FMLN, Atilio Montalvo. Ellos fueron arrestados el 31 de mayo de 2024, acusados de haber planificado un atentado durante la toma de posesión de Nayib Bukele, el 1 de junio de 2024.
Ese día, la Policía Nacional Civil (PNC) detalló que ellos estaban "agrupados en la llamada Brigada de Insurrección Salvadoreña" y que "sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas" con "explosivos con temporizadores". A José Santos Melara, coordinador de la Alianza y director de la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN (Anvege), la PNC lo calificó de "financista de estos planes".
Ivania Cruz, abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidech), explicó que el 14 de junio en la audiencia de imposición de medidas interpusieron una apelación. "Hemos solicitado el arresto domiciliar y, si no se llegara a dar, pues, vamos a solicitar una audiencia especial", indicó.
El coordinador de la Alianza, José Santos Melara, quien se encuentra en el Centro Penal Occidental de Santa Ana, posee según la abogada tres enfermedades crónicas. Del 15 al 17 de julio fue trasladado al Hospital Nacional Rosales para la realización de exámenes, y tiene ocho medicamentos recetados. "Es diabético, hipertenso, tiene problemas de retención de líquidos. En el último informe de la clínica médica del penal hay un indicio de padecimiento de los riñones y eso no lo tenía", aseveró la abogada.
Todos están siendo procesados por los delitos de "organizaciones terroristas" regulado en el artículo 13 de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y "actos terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicas, armas de destrucción masiva o artículos similares", regulado en el artículo 15 de la misma normativa.
Según la abogada, esta normativa solo se les aplicaba a las pandillas. "Con las reformas pueden aplicarlo a cualquier organización que ellos consideren terroristas. Pudieron dejarlo en desórdenes públicos", indicó. La defensora de Melara y Menjívar sostiene que en el caso de ellos "no encontraron nada en su casa". Ella considera este caso como "una persecución a las organizaciones sociales y a los movimientos populares".