La jefa de negociación de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Margaret Meza, explicó a los diputados de la Comisión que esta adhesión busca emplear las comunicaciones electrónicas en la formación o el cumplimiento de contratos entre partes o sujetos cuyos establecimientos estén ubicados en distintos Estados.
También, explicó que hay exclusiones “para los contratos personales, las operaciones bursátiles, los instrumentos financieros y documentos transferibles como letras de cambio o conocimientos de embarque" y por principio de autonomía.
"Las comunicaciones electrónicas tienen la misma validez que las físicas, en ese sentido le da la certeza jurídica a las partes".
Margaret Meza, jefa de negociación de tratados, Cancillería.
Una comunicación electrónica es la que se establece por email, fax, EDI, entre otros, de información generada o archivada electrónicamente.
Con esta adhesión, buscan darle "un mensaje a inversionistas del exterior" que El Salvador "es un Estado moderno, a la vanguardia de todos los mecanismos para darle una estabilidad jurídica a las empresas".
"Se ha comprobado que en los Estados que han aprobado estas convenciones hay un aumento en el sector de tecnologías y de la información y hay reducción de costos transaccionales, porque el gobierno está muy enfocado también a simplificar los trámites y ser un gobierno más electrónico”, expuso Alba Sánchez, miembro de la Dirección de Relaciones Económicas de Cancillería.
Sánchez aseguró que, con la adhesión al convenio, se van “a generar oportunidades para este 90 % del empresariado", lo cual ayudaría a que incursionen en un "sector más formal y sean beneficiarios de los incentivos y de todos los beneficios que trae el comercio exterior”. Agregó que “el Estado le brinda ese aparataje legal a los comerciantes, para que puedan tener la tutela de sus derechos”.
Los diputados emitieron dictamen favorable para que la Convención sea ratificada en pleno este martes.