Las medidas transitorias para agrupar los procesos penales de los detenidos bajo el régimen de excepción tendrá vigencia de dos años, para determinar, según la medida, los vínculos de una persona en una pandilla o grupo terrorista.

La Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos a favor y seis en contra las medidas transitorias que los presuntos pandilleros capturados bajo el régimen de excepción, decretado desde el 27 de marzo de 2022, serán procesados por grupos, ya sea como “clicas” o “canchas”, no de forma individual, así lo establecen las medidas.

Según el dictamen leído en la plenaria, para el procesamiento de imputados, se tomará en cuenta la “estructura, denominación, funcionamiento y territorio y otros que se consideren a criterio del Fiscal”.

Según la Fiscalía hay 71,976 presuntos pandilleros capturados bajo el régimen de excepción y han iniciado 3,137 solicitudes de imposición de medidas. Con esta medida transitoria de agrupación de procesos esperan juzgar bajo a grupos de al menos 900 imputados.

Durante la discusión en sesión plenaria, el diputado Dennis Salinas (Nuevas Ideas) dijo "no tenían cómo relacionarlos a las clicas que pertenecían" y que "esto facilita a la Fiscalía General de la República (FGR) y juzgados para que tengan facilidad para poderlos juzgar”.


Ortiz: “Procesarán sin investigar”

Para la diputada del partido de oposición Vamos, Claudia Ortiz, el objetivo de este decreto es “hacerle más liviano el trabajo a la Fiscalía”, mientras una persona inocente tenga que esperar dos años en la cárcel para poder recobrar su libertad.

“Se menciona que es para combatir el crimen, pero lo que estamos viendo es que es hacerle más liviano el trabajo a la Fiscalía, para que la Fiscalía ya no tenga que investigar", criticó la legisladora.

La diputada señaló que los procesados que son inocentes tendrán que "esperar dos años en prisión" y que "al final de esos dos años, no hay responsabilidad para quien le acusó de forma injusta, no puede ser”.


Los cambios al proyecto

El decreto fue publicado minutos después de aprobado en sesión plenaria. Entre los cambios realizados al proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Seguridad está que en el artículo 3 se agrega que el juez emplazará a la defensa de los imputados para que se pronuncien en 15 días hábiles, y ya no en cinco días hábiles.

En ese mismo artículo, se agregó que cuando el juez remita la causa al tribunal en razón de la pertenencia a la estructura criminal "cuando así corresponda al juez que conocerá e informará a las autoridades la puesta a su orden de los imputados para su procesamiento".