Liliana Caballero, del Centro de Justicia de Derecho Internacional (Cejil), urgió derogar el decreto de estado de excepción y las leyes que, según las organizaciones, han legalizado detenciones arbitrarias, juicios colectivos, uso generalizado de prevención preventiva oficiosa, defensa inadecuada y uso de jueces sin rostro.
Hill Tinoco respondió negativamente a la urgencia durante la misma audiencia celebrada la tarde del pasado viernes, en la cual se confrontaron argumentos de las organizaciones, de la CIDH y del gobierno.
“En materia de seguridad no hemos llegado hasta dónde queremos llegar, es de todos nosotros conocido que las pandillas tienen una capacidad para reorganizarse y reclutar nuevos miembros, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, instrumentando a que las mujeres delincan, no solo eso, sino que también mantienen operaciones que se extienden, como ha sido comprobado, más allá de nuestras fronteras nacionales, esta realidad nos obliga a mantener vigente el régimen de excepción”, dijo la canciller.
Hill Tinoco añadió que el riesgo de actos violentos de las pandillas “sigue latente”, lo cual justifica que las medidas extraordinarias continúen “para garantizar la paz que ahora respira nuestro pueblo salvadoreño”.
No estamos dispuestos a perder lo que hemos logrado con tantísimo esfuerzo, el parar el sufrimiento y devolver la esperanza, para nosotros, no tiene precio”.
Alexandra Hill Tinoco,
canciller salvadoreña.
Las organizaciones sostienen que durante el régimen de excepción se han realizado agresiones a activistas de derechos humanos, periodistas, personas detenidas, inocentes y torturas en cárceles, algo que la canciller calificó de “acusaciones infundadas” y que el comisionado de derechos humanos y justicia, Andrés Guzmán, negó.
Socorro Jurídico Humanitario ha documentado 305 muertes en prisiones, mientras la asociación Cristosal documentó 265 muertes, incluyendo la de cuatro bebés. El comisionado Andrés Guzmán aseguró que siempre las personas presas “como en cualquier sociedad se mueren, se enferman, tienen todo tipo de problemas” y que las muertes registradas en El Salvador son 86 % menos que en Estados Unidos y 77 % menos que en Colombia.
En la audiencia, la Cancillería recriminó a las organizaciones que hayan presentado estudios coincidentemente con la audiencia de la CIDH, a la cual pidió no dejarse instrumentalizar. La comisionada de la CIDH, Andrea Poshak, dijo que no ve por qué ellos estarían siendo víctimas de instrumentalización con intereses espurios, reconoció logros en seguridad y preguntó sobre derechos humanos.