Durante una concentración frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador, el colectivo dijo este domingo que el Estado salvadoreño incrementa la opresión en contra del pueblo salvadoreño en general, enfocando las acciones sobre defensores de derechos humanos y dirigentes de organizaciones populares.
“Se ha agudizado la captura y encarcelamiento, contra las personas del pueblo y la resistencia, ya se tiene conocimiento sobre muchos casos de torturas y muertes en control penales que se han convertido en espacio en los que no se garantiza los derechos a la salud y la vida de las personas capturadas”, indicó Salomón Alfaro, miembro del movimiento.
Alfaro recordó la captura de José Santos Melara, José Atilio Montalvo, Eliseo Álvaro Segura, así como Pedro Alfonso Mira, todos miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, y del estudiante de Sociología de la Universidad de El Salvador y comunicador social, Luis Alberto Menjivar, detenidos el 30 y 31 de mayo.
Capturas
En su pronunciamiento, el colectivo denunció la captura de Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), detenido en febrero pasado cuando la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que lo acusaría de enriquecimiento ilícito de más de $200,000.Los excombatientes y veteranos también se pronunciaron por la captura de Félix Ángel López Flores, hijo del abogado Félix López, así como del vocero de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), Fidel Zavala.
“Requerimos al Estado y al gobierno de El Salvador que respete, proteja y garantice la salud y la vida de los compañeros detenidos que son personas adultas mayores y en algunos casos ya padecen de enfermedades crónicas que necesitan medicación permanente”, añadió Álfaro.
Petición
El colectivo pidió un trato digno para los detenidos, que se garantice su atención médica para mantener la integridad física, psíquica y moral.Además, pidieron que se reestablezcan sus derechos constitucionales porque consideran que los casos están fuera del régimen de excepción, al mismo tiempo que se garantice un proceso judicial “justo”.
En sintonía, los veteranos y excombatientes solicitaron que se respete la movilización y el derecho a la protesta pacífica de las organizaciones.