Organizaciones como la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y Cristosal presentaron este lunes una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería Metálica ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las organizaciones esperan que la Sala declare inconstitucional la legislación aprobada el 23 de diciembre de 2024 y que derogó la ley de prohibición de minería metálica de 2017.

Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, detalló que recolectaron 59,906 firmas de salvadoreños que respaldan la demanda de inconstitucionalidad contra la minería metálica y advirtió que si la Sala declarará la inconstitucionalidad si "se apega a derecho".

Empezaron a recolectar firmas el 16 de enero hasta el 8 de marzo con las actividades del Día Internacional de la Mujer. El 21 de enero, las organizaciones anunciaron que buscaban recolectar al menos un millón de firmas contra la minería.

Por su parte, el abogado de Cristosal, Jonathan Sisco, explicó que en la demanda se solicita que la Sala resuelva sobre una medida cautelar para prohibir todo proyecto minero con la presentación de la demanda porque "es evidente que todo proyecto de minería va a causar grave contaminación".

"Es evidente que todo proyecto de minería metálica va a causar grave contaminación y lo más grave de esto es que la cuenca del río Lempa alimenta a cerca del 60 % de la población. Todo proyecto minero que pueda estar siendo aprobado en la zona norte va a perjudicar a esta cuenca del río Lempa, por eso es tan importante que la Sala resuelva esta solicitud".
Jonathan Sisco, abogado de Cristosal.


Sisco recordó que la gravedad de la contaminación del agua por minería es que la cuenca del río Lempa alimenta a cerca del 60 % de la población salvadoreña, por ello considera que todo proyecto minero aprobado en la zona norte "va a perjudicar la cuenca del río Lempa".

Además, las organizaciones piden en la demanda que "vayan ellos y se percaten" de que el río San Sebastián, en La Unión, está contaminado con residuos mineros y solicitan una inspección judicial "para que puedan ver directamente cómo contamina la minería metálica". Están convencidos que "esta ley viola el medio ambiente, viola el derecho al agua, viola tratados internacionales".

Jonathan Sisco, de Cristosal, explicó que han pedido a la Corte que suspenda todo proyecto minero y que realice una inspección judicial en el río San Sebastián, en La Unión. / Verónica Crespín.
Jonathan Sisco, de Cristosal, explicó que han pedido a la Corte que suspenda todo proyecto minero y que realice una inspección judicial en el río San Sebastián, en La Unión. / Verónica Crespín.



El pasado 21 de enero, la organización Justicia Social y Contraloria Ciudanana, en conjunto con cuatro movimientos de derechos humanos, presentaron otra demanda de inconstitucional en contra de la Ley de la Minería Metálica.

De acuerdo con la abogada de Justicia Social, Roxana Cardona, la ley vulnera al menos tres artículos de la Constitución: el 133 en relación al proceso de formación de ley, el artículo 1 en relación al derecho a la vida, y el artículo 65 relacionado al derecho a la salud.

La semana pasada, obispos de la Iglesia Católica presentaron 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para pedir la derogación de la ley minera. Las parroquias recibieron firmas de feligreses desde el 7 de febrero. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que esperan que a través de esas firmas, "el Señor va a mover voluntades".