La asociación Cristosal aseveró que el régimen de excepción se usó como instrumento político en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de febrero y marzo pasados, reporta en su informe “El Salvador en elecciones, militarización y miedo” publicado hoy.

Según esta organización, “no hubo condiciones de libertad, información suficiente entre los electores e igualdad” y la “fuerte presencia militar” “propició un ambiente de temor en varias comunidades monitoreadas” .

Dentro del informe Cristosal cuenta que distribuyó un formulario de observación electoral en torno a los comicios realizados el 4 de febrero y el 3 de marzo pasados; el cual fue respondido por 412 personas, el 4 de febrero; y 110, el 3 de marzo.

En las elecciones presidenciales, un 54 % de los “observadores” advirtió la presencia de militares en sus lugares de vivienda, alrededores y dentro de los centros de votación, en donde se encontraban realizando tareas de observación y revisión de documentos de transeúntes; un 11 % advirtió retenciones y acciones de intimidación.

Además, aseguraron que 33 personas observaron a fuerzas de seguridad mientras tomaban fotografías de asistentes de los centros de votación y 22 personas dijeron que “no se respetó el voto secreto” por la disposición de las mamparas y anaqueles, y la presencia de vigilantes de partidos políticos.

En las elecciones municipales, además, Cristosal encontró que el 59 % de las personas que respondieron su formulario advirtió presencia de militares en lugares de vivienda, alrededores y dentro de los centros de votación; 11 registraron tomas de fotografías.

En las elecciones del 3 de marzo, el 51 % se sintió poco o nada motivados para ir a votar, el 24 % dijo sentirse indiferente, y solo el 25 % se sintió algo motivado y muy motivado de salir a votar.

“Podemos concluir que no existen condiciones para el ejercicio de un voto libre, informado e igualitario, y que ha quedado evidenciada la ausencia de una institucionalidad democrática que controle los abusos del poder, el uso exacerbado de las Fuerzas Armadas y del régimen de excepción como instrumentos político electorales”, conluye la organización no gubernamental.

Cristosal realizó estudios de casos en Victoria, Cabañas; Jiquilisco, Usulután; Arcatao, Chalatenango; Nueva Granada, Usulután; Arambala y San Isidro, Morazán.

En Victoria, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunitario (Ades), atribuyó la baja participación electoral al “miedo generado no solo por los cercos militares sino por las amenazas de detención que recibieron muchos habitantes para que votaran por el partido oficial” .