La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, defendió este martes el proyecto de Ley de alianzas público-privadas, y aseguró que la participación de los privados en estas alianzas «no sustituye por ningún motivo» la obligación del Estado de ser el responsable directo del sistema de salud pública.
«El Estado es el responsable directo del sistema de salud pública, la participación privada no sustituye por ningún motivo esta obligación», expresó, luego de recibir el proyecto de este martes.
González citó los artículos 65, 66 y 67 de la Constitución de la República que aseveran que la salud es un bien público cuyo responsable directo es el Estado y que este también está obligado a prestar el servicio de manera gratuita a enfermos que carezcan de recursos.
Remarcó que el Estado tiene una «responsabilidad indelegable en salud pública preventiva». «Eso está bastante claro en materia de salud», dijo.
«Tenemos el artículo 65, que nos habla de la salud como un bien público. Hemos estado viendo análisis donde se está malinterpretando este tipo de leyes», afirmó la legisladora del partido oficial.
Elogió la inversión pública en salud realizada por el gobierno de Nayib Bukele y citó al mandatario cuando afirmó que los «servicios públicos deben superar la calidad de los servicios en el sector privados». «La salud de los habitantes constituye un bien público, eso lo precisa la Constitución, el Estado y las personas están obligadas a velar por su preservación, esto está en la Constitución», reiteró.
«La educación privada no sustituye esta obligación estatal»
Sobre la educación, la diputada de Nuevas Ideas mencionó los artículos 53, 54, 56 y 58 de la Constitución de la República, que norman el derecho a la educación.
La diputada destacó la inversión en infraestructura pública y la entrega de los paquetes escolares.
«Tenemos el artículo 58, nos habla de los fines de la educación y define que la educación es un objetivo nacional y responde a fines públicos definidos por el Estado. El Estado es el proveedor directo del servicio educativo, la educación privada, si bien existe, pero no sustituye esta obligación estatal«, remarcó.
«Puede haber participación de otros sectores, el control es totalmente público»
La diputada Dania González mencionó la seguridad social en el artículo 50 de la Constitución, en donde señaló: «Podemos interpretar que el sistema está bajo responsabilidad estatal y puede haber participación de otros actores pero el control es totalmente público».
Citó el artículo 117 de la Constitución de la protección de los recursos naturales, que el Estado tiene la obligación de protegerlos. «En este caso, creo que, lejos de lo que la Constitución nos dice, hemos visto una visión sumamente clara por parte del presidente Nayib Bukele, que incluso ha estado mejorando la calidad de estos servicios públicos y podemos ver que hasta superan la calidad de algunos servicios privados», concluyó la legisladora.
Para la legisladora, la Asamblea Legislativa tendrá un rol en el proceso de formación de ley y también «en decidir si aprobar» cada alianza público-privada.
El diputado Edgardo Mulato, del mismo partido, aseguró que hay grandes beneficios en realizar un asocio público-privado. «Considero que tenemos a las puertas una propuesta de ley que sí la habíamos esperado muchos de nosotros, esto pone una vez más a El Salvador de cómo se hacen bien las cosas», afirmó.
Citan a ministra de Economía
Al final, la Comisión acordó por unanimidad citar a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, para que explique el proyecto de ley.
La diputada González aseguró que en la Comisión estudiarán «los diferentes puntos de vista de las diferentes instituciones». «Esto nos va a ayudar cómo se van a desarrollar las AAP, las alianzas público-privados para infraestructura y servicios públicos en todas sus etapas», enfatizó. Subrayó que «la Constitución es la que prima dentro de cualquier ley secundaria».
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, entregó una propuesta excluir los servicios públicos de salud, educación y recursos hídricos, así como del Seguro Social y de la Universidad de El Salvador (UES), en la posibilidad de conformar alianzas público-privadas. También propuso una reforma para establecer el agua como un bien público.
La legisladora de Vamos también solicitó, al final de la comisión, que se les permita traer propuestas de invitados. «Ojalá venga la ministra y no un delegado técnico», comentó, sobre la cita a la ministra Hayem. «Claro, con gusto y aquí vamos a someterlo a votación», le respondió la diputada González. «Funde», ironizó un diputado.
El proyecto de Ley de alianzas público privadas fue enviado a la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2026 y recibido este 14 de abril por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión. Este derogaría la «Ley especial de asocios público privados» y eliminaría la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos. El proyecto fue enviado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, como encargada del despacho del Ministerio de Economía.
