Diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles el dictamen favorable de una “Ley Anticorrupción” solicitada por el gobierno de Nayib Bukele, que obligará a los funcionarios y empleados públicos a declarar sus bienes y sus deudas al Ministerio de Hacienda anualmente en sus declaraciones de renta.

La ley fue solicitada a través del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.

Esta crea un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (Sinac) constituido por 12 instituciones y un Centro Nacional Anticorrupción (CNA), que serán dirigidos por la Fiscalía General de la República, cuyo cargo actualmente es ocupado por Rodolfo Delgado.

“Tenemos la capacidad para asumir estas nuevas responsabilidades”, dijo Delgado este miércoles ante la Comisión Política, presidida por Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.

El dictamen fue aprobado con nueve votos, incluido el voto de la diputada de oposición Marcela Villatoro.

Declaraciones de activos y pasivos

Actualmente, las declaraciones de patrimonio deben presentadas por los funcionarios y empleados públicos obligados ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, al inicio y al final de la toma de posesión de sus cargos.

La “Declaración Jurada de Informe de Activos y Pasivos” de funcionarios y empleados obligados sería publicada por Hacienda en un máximo de 15 días hábiles después de su presentación. Según lo aprobado en la comisión, se empezaría a aplicar a partir de la declaración de renta del año fiscal 2025.

Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien llegó a la Comisión Política a dar su opinión sobre el proyecto, esta declaración patrimonial “va a ser complementaria a la que se rinde actualmente ante la Sección de Probidad”, que “tiene algún nivel de reserva por mandato constitucional”.

Las declaraciones patrimoniales se volvieron públicas en julio de 2015 cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le ordenó a la CSJ entregar información patrimonial de un magistrado a un ciudadano; pero fue en noviembre de 2020 el nuevo IAIP cerró el acceso de los informes de las adendas patrimoniales.

El funcionario observó que, con las reformas al Código Penal que acompañan la nueva Ley Anticorrupción, se crean figuras nuevas de delitos como el testaferrato, se afinan los actos preparatorios de las negociaciones ilícitas y se amplía la definición del tráfico de influencias, lo que permitirá su aplicación.

“Esas van a ser las principales herramientas para generar las políticas necesarias para actuar con probidad de cada una de sus funciones, sin permitir que los corruptores accedan a influir en las decisiones de un servidor público”, aseveró.

Futuro y pasado

El diputado Ernesto Castro aseguró que hoy sí se “va a tener la fuerza suficiente para atacar ese cáncer que tanto daño le ha ocasionado a este país”. “Para que ya no sigan ocurriendo tantas cosas que ocurrieron en el pasado”, añadió.

El diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), le preguntó al fiscal qué pasará con las "personas naturales, sociedades anónimas, comisiones especiales creadas en la Asamblea Legislativa para la privatización de ANTEL, bancos, ingenios azucareros y la red eléctrica", en la Ley Anticorrupción.

El fiscal le respondió que la ley “va a regir hacia el futuro”, pero que, si con las herramientas que tengan conocen acciones que “se realizaron en el pasado” y afectan los intereses nacionales, pueden iniciar los casos en los tribunales correspondientes.

Retomarán auditorías de Corte de Cuentas

Por su parte, el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, le preguntó al fiscal general cuál es la diferencia de la nueva Ley Anticorrupción respecto a la normativa actual.

“Le va a permitir a la Fiscalía General de la República por medio del Centro Nacional Anticorrupción tener a su disposición todas las auditorías que realiza la Corte de Cuentas de la República, hay muchos juicios de cuentas que todavía no finalizan de administraciones pasadas que por X o Y motivo no han ido avanzando para llegar a una sentencia en la cual se deduzca tanto responsabilidad administrativa o patrimonial de diversos funcionarios, de todos los partidos políticos”, le respondió el actual titular de la FGR.

Delgado agregó que esta ley, además, les permitirá “proteger más la información”, ya que ha tenido “que venir luchando con la comunicación con otras autoridades” y, con “la conectividad entre los sistemas de todas las instituciones”, la información fluirá “de manera completa” y así “se garantice que sea analizada de manera adecuada”, “no para andar emprendiendo persecuciones políticas”.

Dudas ante el derecho de denuncia de corrupción

La nueva ley, en su artículo 15, indica que toda persona tendrá la obligación de denunciar a cualquier funcionario, empleado público, servidor público, agente de autoridad o autoridad pública, contra quien tenga pruebas o sospechas fundadas de haberse enriquecido ilegítimamente a costa de la Hacienda Pública o municipal o por corrupción, así como a particulares que hayan cometido actos de corrupción.

Sobre este artículo, el diputado Ernesto Castro preguntó cómo hacer para que “esto no se vuelva changoneta”. “¿Cómo piensan ustedes administrarlo?”, cuestionó al fiscal.

“Es un derecho... El ejercicio de ese derecho está sujeto a una serie de consecuencias, hay que saber que, si uno va a denunciar, tiene que tener un sustento la denuncia”, le contestó el funcionario. El fiscal añadió el Centro Nacional Anticorrupción (CNA) depurará todas las denuncias y descartar las basadas en “hechos falsos”.

La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que "nadie está exento" y que actualmente la Fiscalía no es "utilizada de manera política como era en el pasado".

También, el Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, agregó que ahora van a una "guerra frontal contra la corrupción". "La denuncia tiene que ser responsable y seria, y no simplemente porque el diputado o el alcalde me cae mal", advirtió el legislador.

Arena respaldó proyecto: "También en el actual"

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), anunció que apoyarán la votación.

"Ocupar instituciones para beneficio propio, ocupar instituciones para que me ayuden a tener algo para mí, eso es también corrupción" y el abuso de conflictos intereses, opinó la diputada.

"No solo se ha dado no solo en los gobiernos anteriores, sino también en el gobierno actual", aseveró la legisladora.


Cómo se verificarán las declaraciones

La diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, preguntó qué mecanismo se puede aplicar para verificar la veracidad de las declaraciones patrimoniales, ya que conocen casos en donde, "cinco años después de que han estado en el ejercicio de la función, sale que no pueden cómo obtuvieron o les sobró más de $300,000 o cómo entraron con una casa y salieron con cien", cuestionó.

El fiscal general le respondió que la FGR tendrá acceso a toda la información para verificar la información, ya sea información financiera y la información que manejan las instituciones del Sistema Anticorrupción.

Además, consultó cómo afectará a casos del pasado porque "esto es de orden público y es retroactivo". El fiscal respondió que, a partir de juicios de cuentas, han iniciado acciones penales contra exministros de la administración de Mauricio Funes.

En diciembre de 2024, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador llegaron a un acuerdo técnico por el financiamiento de $1,400 millones que también incluyen reformas para "un marco sólido de lucha contra la corrupción y en la mejora de los mecanismos de lucha Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en consonancia con las mejores prácticas internacionales". En la reunión el fiscal mencionó que la ley complementa "los tratados internacionales que en materia de prevención y combate a la corrupción ha suscrito el Estado salvadoreño".