El proyecto busca crear una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) que estaría adscrita a la Presidencia de la República.
Los diputados William Soriano y Elisa Rosales leyeron el proyecto de Ley de Inteligencia Artificial, enviado por la ministra de Economía, María Luisa Hayem. Al concluir la lectura, la diputada Dania González, quien preside la Comisión, propuso invitar a ambos funcionarios. La invitación se aprobó por mayoría.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió invitar también a representantes de las carreras de Filosofía e Informática de la Universidad de El Salvador (UES), Universidad Dr. José Matías Delgado (UDJMD) y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Su propuesta no tuvo apoyo de los diputados de Nuevas Ideas. "Con un voto a favor, no hay resolución", dijo la diputada Dania González.
Ortiz, la única diputada que opinó sobre el proyecto en la Comisión, aseguró que ve el proyecto como "dejar hacer, dejar pasar".
"Es un proyecto que está enfocado en dejar hacer dejar pasar. Está deficiente porque el ámbito de la inteligencia artificial está vinculado en la ética, solo se enfoca en el fomento y en que haya libertad", expresó. La diputada criticó que el artículo 17 del proyecto entrega a la ANIA a potestad de diseñar el marco de regulación de la IA.
El director ejecutivo de la ANIA debe tener experiencia en desarrollo de IA.
El proyecto de ley establece que "no se impondrá ninguna restricción al uso, modificación, desarrollo o integración de modelos, conjunto de datos, ponderaciones, algoritmos o software de IA de código abierto, siempre que dicho uso cumpla la legislación salvadoreña y acuerdos internacionales".
Stacy Herbert, una productora y bitcoiner estadounidense, se convirtió en la directora de la Oficina Nacional del Bitcoin a su llegada a El Salvador junto a su esposo Max Kaiser, también promotor de la criptomoneda.
Ante el acuerdo de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le obligó a quitarle al bitcóin la calidad de moneda de curso legal en El Salvador, su carácter obligatorio en las aceptaciones de pago, pero que también establece que "solo privados" pueden aceptar bitcoin de forma voluntaria como forma de pago y que el Estado no aceptará bitcóin en pago de impuestos.
La reforma a la Ley Bitcoin, fue aprobada el 29 de enero. Herbert dijo en diciembre que "El Salvador seguirá siendo el país del bitcoin" y que "la estrategia de compra" de El Salvador se mantendrá, que la Oficina de Bitcoin "continuará desarrollando políticas y hojas de ruta Bitcoin, atrayendo inversores y creando programas educativos", pero avisó que "la billetera Chivo se venderá o se descontinuará".
La Oficina del Bitcoin, creada por decreto ejecutivo publicado el 17 de noviembre de 2022, también depende de la Presidencia de la República.