Los miembros del Comité de las Naciones Unidas preguntaron a los funcionarios del Estado salvadoreño por cifras actualizadas sobre los fallecimientos en las cárceles, cómo se investigan las muertes de los detenidos, si el gobierno tiene la capacidad para investigar y enjuiciar denuncias de torturas, cuáles son las medidas tomadas ante castigos corporales a menores, el papel de la institución de derechos humanos y datos estadísticos sobre el uso de la fuerza física y procedimientos especiales por parte del personal en las cárceles, entre otras preguntas.
También preguntaron sobre la falta de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y el estado actual del debate de una ley de justicia transicional que condene y sancione a los responsables.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, rindió un informe inicial al Comité en el cual aseguró que los principales vulneradores de derechos humanos en El Salvador son las los grupos delincuenciales y que ejecutan desde junio de 2019 el Plan Control Territorial, frente a lo cual "la reacción" de las pandillas fue "en extremo violenta". Mencionó que ante el alza de homicidios de marzo de 2022 la "respuesta" gubernamental fue el régimen de excepción, que "ha restringido únicamente los derechos necesarios para contener la situación alarmante de peligro público".
A la hora de responder las preguntas, la funcionaria pidió diez minutos para organizarse dada la cantidad de preguntas. El presidente del CAT le dio cinco minutos para ponerse de acuerdo con el equipo del gobierno salvadoreño.
Tomó la palabra el secretario jurídico de la Presidencia salvadoreña, Conan Castro, quien en su intervención detalló que el anterior procurador de los derechos humanos, Apolonio Tobar, visitó el centro penitenciario de La Esperanza el 29 de junio de 2022 y el centro penal de Izalco el 11 de julio, visitas de las que publicó “comunicados específicos”.
Castro mencionó que organizaciones como la Alianza Global de Instituciones Locales de Derechos Humanos, Fernando Maduro Barbosa, de Brasil, Nadia Alejandra Cruz, de Bolivia, también visitaron las prisiones salvadoreñas. “Se ha dado una apertura real”, expresó.
El funcionario presidencial también dijo al Comité que la procuradora de derecho humanos, Raquel Caballero de Guevara, han tenido reuniones directas con el presidente de la República, Nayib Bukele; con el ministro de Defensa, René Merino Monroy, con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y su gabinete de seguridad.
PGR dice “no hay quejas”
Por su parte, Manuel Merino, representante de la Procuraduría General de la República respondió que hay 251 defensores penales en todo el país y han contratado 40 nuevos defensores públicos penales.El funcionario dijo que no hay quejas de falta de comunicación de los defensores con los imputados y que estos tienen libertad de decidir si optar por un defensor particular. Añadió que han recibido el refuerzo de más $1 millón para su presupuesto.
René González, secretario de la Sala de lo Constitucional, se limitó a recordar que la nueva Sala emitió una resolución el 5 de enero de 2022 para invalidar el sobreseimiento de la Sala de lo Penal, en septiembre de 2020, en el caso de la masacre de los jesuitas y sus trabajadoras el 16 de noviembre de 1989.
Negociación con pandillas
Luego, tomó la palabra Élmer Castro, del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien recordó que la Sala de lo Constitucional definió a las pandillas como grupos terroristas, destacó la violencia que ejercían las pandillas en el país y recordó que los gobiernos anteriores negociaron con las pandillas y les dio beneficios para influir en las elecciones y apoyos políticos. “Eso no tiene cabida en esta administración”, dijo.El representante del Ministerio de Justicia y Seguridad dijo que “en reciente interacción con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos” le preguntó cómo la concepción de terrorismo se apega a la Constitución y “enumeró” que este concepto “debe cumplir tres elementos”, un medio letal, la intención debe ser causar miedo u obligar a un gobierno a hacer o abstenerse de algo y que el objetivo debe ser ideológico.
“Concluimos que nuestra realidad manifestada en estos grupos cumple con los criterios”, sostuvo.
Esa es la realidad y esa es la forma en la que estos grupos criminales, más allá de ser un grupo dedicado al crimen organizado, son grupos verdaderamente terroristas y de esa naturaleza es la respuesta estatal frente a esta agresión criminal”. –Élmer Castro, representante del Ministerio de Justicia y Seguridad.
“Tenemos que suspender, ya rebasamos las 5:00, mañana dispondrán de más tiempo para que puedan organizar bien sus respuestas y además contribuir con la documentación que han mencionado”, interrumpió el presidente del CAT.
La audiencia se realizó como parte del 75 periodo de sesiones del CAT, del 31 de octubre al 25 de noviembre de 2022 y continuará este viernes. El Comité, presidido por Claude Heller, trabaja en la investigación de denuncias de tortura para detener y prevenir este delito, aplicando la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esta fue la reunión 1964 del Comité de las Naciones Unidas.
Heller aseguró que muchos son los desafíos en el cumplimiento de la Convención, que comienzan con los obstáculos a la justicia transicional, la violencia de las pandillas, las respuestas del Estado y sus consecuencias para los derechos humanos, el hacinamiento y las condiciones de detención, la debilidad de protección de los derechos humanos, las preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la problemática de migración y desplazamientos.