Al menos 35 organizaciones presentaron el informe que entregarán a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el próximo Examen Periódico Universal, una revisión sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros del organismo.
Las organizaciones agruparon sus informes en al menos siete temáticas, la primera de ellas aborda la situación de seguridad y derechos humanos donde describe la situación de régimen de excepción en la que el país vive desde marzo del año 2022.
El Estado salvadoreño también debe presentar su informe ante el EPU y asistir a audiencia el próximo 20 de enero en Ginebra, Suiza. Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista, señaló que esta es la primera vez que la administración de Nayib Bukele dará cuenta de sus actos, debido que hace cuatro años cuando asistió apenas iniciaba el primer mandato.
En su informe, las organizaciones recomiendan que el derecho a la seguridad de la población debe garantizarse, pero reparando a las víctimas y garantizando el debido proceso de los detenidos, además de liberar a quienes no tienen prueba de haber cometido delito.
También recomiendan que los reos tengan derecho a la defensa pública de calidad y derogar el régimen de excepción y las “normas contrarias a estándares internacionales y de protección a derechos humanos”.
Piden también que se garanticen las reglas Mandela y la investigación de las denuncias a violaciones a derechos humanos.
Otra arista presentada a la ONU es el Medio Ambiente, donde denunciaron situaciones como la construcción del aeropuerto del Pacífico en un bosque salado y área protegida, además del desalojo de más de 200 familias de las comunidades Condadillo y Flor de Mangle, de Conchagua, La Unión.
Demandaron la adhesión al Acuerdo de Escazú y crear un mecanismo nacional de protección a defensores de derechos humanos.
En el informe sobre defensores a derechos humanos demandaron eliminar, investigar y sancionar discursos y acciones estatales que deslegitiman la labor de defensores y periodistas, especialmente a las mujeres.
Expusieron que el país aún no tiene una Ley de Justicia Transicional y que los casos del conflicto armado aún están en suspenso, así como las investigaciones de parte de la Fiscalía General de la República.
También, las organizaciones de LGBTI denunciaron los retrocesos que enfrentan “debido a la falta de un marco legal integral y políticas públicas inclusivas, perpetuando la discriminación y violencia sistemática”, dice el resumen presentado.
Entre los retrocesos que enumeran es la falta de una ley del nombre ordenada por la Sala de lo Constitucional, el hecho que la Asamblea Legislativa archivara las propuestas de ley y que se eliminara las instancias como la comisión al interior del congreso.
También, uno de los informes aborda la situación de los niños, niñas y adolescentes salvadoreños donde reportaron que al menos 62,000 se encuentran en estado de abandono, debido a que uno o ambos padres están detenidos por el régimen de excepción.
Las organizaciones también incluyeron un capítulo sobre educación superior pública, donde la Universidad de El Salvador resumió que ha vivido un año complejo debido a la crisis económica que atraviesa por la deuda que el gobierno no ha pagado, poniendo en riesgo la gratuidad a los estudiantes.
