La Mesa por una Pensión Digna surgió en diciembre de 2018 a iniciativa de varios sectores y apoyo político del exdiputado Juan José Martel, del partido Cambio Democrático (CD).

Patricio Pineda explica que la Mesa ha propuesto mantener el sistema de pensiones actual, disminuyendo la comisión de administración del 1.9 % al 1.4 %; equiparando las pensiones para obligados del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y los “optados”; y mejorando los rendimientos de los ahorros a un 6 %.

Proponen subir la pensión a un 50 % del salario básico regulador en los primeros 10 años hasta llegar al 75 %.

Sostiene que el sistema de reparto no es viable porque el “bono demográfico” comenzará a disminuir en 2030, es decir, el periodo en el cual la población en edad de trabajar supera la cantidad de personas dependientes empieza a concluir.

¿Cuál es la propuesta de reforma de pensiones de la Mesa por una Pensión Digna?, ¿sistema de reparto o cuentas individuales?

Nuestra propuesta se basa en mantener las condiciones actuales... Que se mantenga un pilar de cuentas individuales con unas modificaciones sustanciales desde la óptica del derecho.

En primer lugar, que no existan ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Esto se ha generado a lo largo de diversos decretos, el decreto 1217 de 2001 que generaba un grupo pequeño, casi 14,000 pensiones, de las famosas VIP, entre esas pensiones está Carlos Cáceres, Armando Pineda Navas, la exalcaldesa de Santa Ana, son los optados A. Es un regalo que les hizo Francisco Flores en 2001 porque los primeros jubilados de este grupo pegaron el grito en el cielo al darse cuenta que fueron engañados al pasarse a las AFP (Administradoras de Fondos para Pensiones).En 2006 viene el decreto 100, un decreto criminal, nos tiene a los trabajadores con $4,000 millones que nos deben en intereses dejados de percibir, fue el mecanismo que se ocupó para la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que no es más que tomar dinero de los que están cotizando para pagar pensiones en el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP), Seguro Social y en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

¿Cómo se pueden dejar de tener estas categorías sin que renuncien a los derechos ya ganados?

En ningún momento. La propuesta de la mesa del 3 de octubre de 2019 tiene una base actuarial de 110 años, en la cual descubrimos un fenómeno muy interesante: de acuerdo a los ingresos por comisión, que es 1.9 %, descubrimos que el 0.5 % que lo trasladaríamos a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), es decir a las cuentas individuales, generaría en un primer año más de $365 millones. Nos dimos cuenta que el primer eslabón que debemos superar es esa comisión altísima, de las más altas en el mundo. Eso permite, junto a establecer una modificatoria a la tabla de cálculo, en los artículo 197 y 120, para el grupo de los optados y los afiliados al sistema público. Por otro lado, la modificatoria al artículo 131 en donde estamos todos los obligados... Si usted nació del 15 de abril de 1962 hacia atrás es optado; si nació después es obligado.

¿El sistema privado es más realista porque busca financiarse de los recursos propios?

Completamente de acuerdo. Lamentablemente la concepción filosófica con la que se creó el SAP en El Salvador no corresponde a la realidad de nuestro país por varias razones. La primera: mercado laboral excluyente y muy débil. Aquí solamente tres de cada diez salvadoreños trabajan formalmente, y solo uno de cada diez tiene salario digno. Con esa base antropológica, económica y social, una privatización no funciona, es un fracaso asegurado. ¿Por qué? Veamos los estados financieros de las AFP versus los estados del sistema financiero, la calificadora le da una rentabilidad arriba del 72 %, solo dos AFP, mientras que toda la banca no llega al 49 %. Entonces, 48 personas, que son los actuales accionistas de las AFP se embolsan sin moverse $22 millones al año y eso que le hemos bajado la comisión.

¿Ahora $22 millones no se acerca a toda la necesidad del fondo de pensiones?

No, en esos términos no, pero puede mejorar o incentivar uno de los elementos que más daño nos ha hecho, que es la falta de cobertura. Como se lo dije a Novellino en 2009: usted quiere mantener el negocio, háganos accionistas a todos los cotizantes. ¿Sabe cuánto implica eso?, $2,000 anuales en un primer año para cada cotizante activo.

La reforma tuvo que haberse dado quizás hace unos tres años, porque son 20,000 personas que están trabajando y deberían estar jubiladas, son 20,000 puestos de trabajo que un joven no puede tener porque se supone que debería estar descansando debido a que el cálculo de su pensión es de hambre”.

¿Cómo se va a financiar una pensión de la tasa de reemplazo proponen ustedes?

La tasa de reemplazo se propone 50 % para los primeros 10 años más 1 % por cada año adicional, teniendo 25 años cotizados, el 65 % de tasa; 30 años cotizados, el 70 %; y 35 años, el 75 % de tasa de reemplazo. Esto es posible.

Nos dimos cuenta que a partir del año 2030 el bono demográfico comienza a vencer. Esto implica que el recambio generacional del “haber suceroral”, la cuenta que da vida a los beneficios por sobrevivencia, orfandad, comienza a aumentar, es decir, demográficamente, las pensiones ya asignadas comienzan a trasladarse a pensiones o beneficios por sobrevivencia a partir del año 2030, lo que indica que empieza a abaratar el costo del déficit y ese comportamiento se mantiene, según nuestro estudio actuarial, más o menos unos 25 años, lo que indica una oportunidad para garantizar esas tasas de reemplazos. Porque la masa joven que está cotizando empieza a pagar más pensiones por sobrevivencia, el famoso bono demográfico comienza a vencer, por esas razones es que el sistema de reparto no es viable en El Salvador porque el bono demográfico comienza a vencer a partir de 2030.

¿Qué significa que el bono demográfico comienza a vencer?

De seis millones de salvadoreños el 53 % es joven, ese es el bono demográfico, menos de 55 años, este bono demográfico va a comenzar a decrecer a partir del año 2030. Son más de 500,000 personas las beneficiadas. ¿Cuál es el otro elemento que descubrimos como mesa en el estudio actuarial? Actualmente, el sistema tiene 3 millones de afiliados pero solo 761,000 cotizan, que equivale el 23 % de la Población Económicamente Activa (PEA), obtiene una pensión. Si aumentamos la masa de ahorro, permite que solo a ese grupo se le garantice estas tasas de reemplazo, eso es lo que da la factibilidad de nuestra propuesta. Tenemos que mejorarlo, que la cobertura aumente y que los beneficios sean reales, sin embargo, eso no es una tarea únicamente de la mesa sino una tarea de país, tenemos que llegar a un pacto...

También, hay que tomar en cuenta que se deben mejorar las inversiones, con mejor rentabilidad, que no baje como mínimo del 6 % anual.

¿La mejoría de las inversiones no se puede hacer con todo el fondo porque ya está comprometido por ley en manos de inversores?

Del Estado, el 80 %, a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).

¿No se pueden destrabar esos fondos?

Por eso es que quizás les he caído mal, porque al superintendente ha sido tan negligente que el decreto 787 le ordenaba al superintendente en el artículo 110-C a convocar la conformación del Comité Actuarial y para diciembre de 2021 este Comité tuvo que haber entregado a la Asamblea Legislativa la primer propuesta de aumento si era viable o no de la pensión mínima con estudio actuarial y las (medidas) paramétricas, y ni siquiera lo ha conformado.

¿Se debería aumentar la edad de jubilación?

Claro. Para nuestro caso yo diría que deberíamos estar a 65 años hombre y mujer, claro, esto no lo hago público ahorita porque sé que mata a la Mesa. Por eso digo debate nacional, todo mundo deberíamos estar discutiendo eso. Porque el bono demográfico ya se nos va a empezar a vencer y este país no está preparado para eso. En conclusión, ¿cuánto cuesta nuestra propuesta? $17,400 millones. Las condiciones actuales: $24,000 millones. Esto, si no tomamos en cuenta lo que nos deben de intereses.

¿Sin nacionalizar?

Sin nacionalizar. Si hacemos una AFP pública, cuentas individuales con administración pública del fondo, esos 0.50 de la comisión se pueden elevar a $1,000 millones porque la comisión baja todavía más. ¿En conclusión, qué soluciona nuestra propuesta? Las bajas pensiones, inmediatas; el déficit previsional, que es el reclamo de cualquier ministro de Hacienda, ayuda a las finanzas estatales; y tercero, mantiene el equilibrio del sistema en los términos actuales. Pero sabemos que esta propuesta lo que hace es darnos tiempo para ponernos de acuerdo y cambiar el sistema.

¿Esta propuesta amplía la cobertura?

En el tema de la cobertura, lo que hacemos es esperar un cambio paramétrico al sistema. Esta propuesta es más estratégica. En 2015 empezamos a hablar de modificaciones en la matriz de educación.

A esto sumémosle la crisis que se viene este año: si no tocamos el sistema, están los primeros hombres obligados cumpliendo requisitos; 15,000 personas más o menos, a partir de este año. Si no se toca el sistema, viene una crisis yuca y no sé qué van a hacer los políticos”.

¿Incluye creación de nuevos impuestos o refuerzo estatal?

Creación de nuevos impuestos, no. Otros aportes, sí. El aporte del Estado puede ir en dos vías: que nos empiecen a pagar los intereses dejados de percibir, dos, erogaciones presupuestarias.

¿Se mantiene la distribución de la cotización y el origen de las cotizaciones?

Sí, se mantienen.

¿Cómo se garantiza el financiamiento de la pensión mínima?

De la misma forma que está funcionando actualmente, con los aportes de todos. Es ideal en una propuesta de AFP pública que el Estado aumente su aporte por lo menos un 50 % más.

¿Se debe obligar o incentivar al sector informal para que se incorpore al sistema?

Si no se incentiva a este sector no cotiza. Están en el sector informal porque han sido abandonados por el Estado y todavía les va a cargar... Hay que ser inteligentes. Que creen el banco previsional, establecido en el artículo 46 de la Constitución, nos deben casi $4,000 millones de intereses dejados de percibir, que nos lo paguen y que sea capital semilla, de tal forma que el que quiera cotizar en el banco previsional se convierta automáticamente en dueño de ese banco, como en Noruega. El mejor sistema de pensiones es el Fondo Soberano de Noruega, un banco previsional de administración pública, propiedad de los trabajadores.

¿Qué opina de la propuesta de supresión de las AFP?

Que digan cómo lo van a sostener, cómo va a sostener un sistema de reparto y cómo se mantienen pensiones del 70 % (de salario). Si es viable, démosle. Lo que tenemos que garantizar es la viabilidad del sistema.

¿Cuánto duraría el fondo con su propuesta?

Estamos hablando de poco más de 500,000 personas en un lapso de más de 50-60 años sostenible. Por eso estoy diciendo que es estratégica.

¿Y con sistema de reparto?

Lo más que nos puede durar es unos 30 años.

¿Qué pasaría con los que ahora tienen 30 años y quieran jubilarse dentro de 30 años?

En las condiciones actuales, sin reforma, la pensión garantizada es la pensión mínima.

¿Qué tan urgente es una reforma?

Tuvo que haberse dado quizás hace unos tres años, porque son 20,000 personas que están trabajando y deberían estar jubiladas, son 20,000 puestos de trabajo que un joven no puede tener porque se supone que debería estar descansando debido a que el cálculo de su pensión es de hambre. A esto sumémosle la crisis que se viene este año: si no tocamos el sistema, están los primeros hombres obligados cumpliendo requisitos, 15,000 personas más o menos, a partir de este año. Si no se toca el sistema, viene una crisis yuca y no sé qué van a hacer los políticos.

¿Quiénes van a ser los primeros afectados?

Las primeras afectadas han sido las mujeres, las obligadas, a partir de 2017. De hecho, se lo puede decir Ceci Suárez, su tasa de reemplazo anduvo por el 19 %, Daysi Guardado, 23 %.

Ahora, uno de los problemas son los bajos salarios. ¿Cómo hacer para que suban los salarios?

Se debe hacer una modificación al modelo económico. Hay varias vías, aquí la gran empresa debería ser pública, no estoy refiriéndome a expropiación, me estoy refiriendo a que Simán, Poma y todos esos grupos coticen a bolsa de valores para reactivar la economía. Dos, debe establecerse una política monetaria autónoma en donde el costo de vida se equipare al valor de la moneda en curso. Lo que pasa es que nuestro capital ha sido familiar y muy cerrado. Como no incentivamos la economía nos volvemos menos competitivos y menos ingeniosos. La otra medida es la formación y educación financiera desde las tempranas edades porque esto va a permitir que nuestra sociedad cambie, formar seres humanos responsables y que la primer víctima que tendríamos es el consumismo, una sociedad capaz de tener una cultura de ahorro pero también capaz de producir riqueza, de ahí surge una cadenita de efectos tan positivos.

¿Esta propuesta ha sido entregada al Gobierno?

El anterior ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, hizo público que se había reunido con nosotros. Lo visitamos en agosto de 2019. Cuando empezó a escuchar nuestros argumentos de la inequidad de los obligados y los optados se quedó sorprendido. Hasta el momento seguimos esperando la respuesta de Hacienda.

¿Será porque disminuirían las pensiones de personas influyentes?

Sí, pero eso no es problema nuestro.

¿Cuál es la pensión máxima?

Por ley, es $2,000, del 2017 para acá, pero antes tendría que buscar, había pensiones de casi $20,000 pero son solo como 13 personas que andan arriba de $8,000. Pero tendría que buscar las láminas.

¿Van a entregar esta propuesta a la Presidencia actual?

Si ellos nos llaman, sí. De hecho, el 31 de enero de 2020, en la gran marcha negra, donde llevamos casi 25,000 personas a Casa Presidencial, se la entregamos a Javier Argueta porque él nos recibió. En conclusión, el Gobierno no nos ignora, pero quizás hay algún capricho, no sé.

El perfil

Patricio Pineda, fundador de Mesa por una Pensión Digna

Profesión: Licenciado en Relaciones Exteriores de la Universidad de El Salvador (UES) con especialidad en Seguridad Social y Sistemas de Pensiones con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en San José, Costa Rica.

Experiencia: es uno de los fundadores de una Mesa por una Pensión Digna, conformada en su mayor parte por mujeres obligadas al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) afectadas por la reforma 787 de 2017 con pensiones que no superan el 19 % del último salario con 30 años cotizados. Ha trabajado en El Salvador con actuarios como Mauricio Chavarría y José Rodolfo Castillo.