Posada explicó en una carta dirigida a la Asamblea Legislativa que el financiamiento del presupuesto 2024 “no puede ser atendido con los ingresos corrientes ordinarios”.
Hacienda solicitó, además que lo faculte a gestionar un crédito puente para ser cubierto cuando se coloquen los títulos valores o se desembolsen los préstamos contratados hasta por ese monto y argumenta “la impostergable urgencia que demanda la necesidad de disponer de liquidez” para cumplir con las obligaciones del presupuesto 2024.
El decreto autoriza a Hacienda a que cancele cualquier costo por las operaciones autorizadas, incluyendo costos relacionados con las acciones ante la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos y ante la Autoridad de la Industria Financiera.
El gobierno solicitó un presupuesto de $9,068 millones, de los cuales, $7,356 millones provendrán de ingresos corrientes y $1,488 millones de financiamiento, incluida la nueva deuda autorizada por $338.6 millones.
Pese a que fue introducido a la sesión plenaria legislativa de este miércoles, el proyecto de presupuesto no fue publicado ni por la Asamblea Legislativa, ni por el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.
En marzo de 2023 la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP) expulsó a El Salvador debido a que la alianza que reúne a 76 países y 106 gobiernos locales buscan gobiernos más abiertos y que rindan cuentas. En junio de 2021, El Salvador recibió un puntaje de 2/4 en transparencia fiscal.