Al entregar un paquete de reformas al sistema de pensiones salvadoreño en la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseveró que no nacionalizarán el sistema y que mantendrán las cuentas individuales así como la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) creada en 2017.

Con la reforma, el gobierno pretende crear un Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) conformado por representantes del gobierno, del sector empleador y del sector laboral, que sería un "ente rector" pero que tendría como función verificar que las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) cumplan sus obligaciones y que absorbería las obligaciones que tiene actualmente el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).

No vamos a nacionalizar, no se trata de una nacionalización, somos respetuosos del derecho a la iniciativa privada pero una iniciativa privada regulada y vigilada por el Estado que asegure que los verdaderos beneficiarios de este sistema reciban todo aquello que merecen. La Cuenta de Garantía Solidaria se mantiene y también se mantienen las cuentas individuales”. –Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.

El movimiento sindical que se reunió el 7 de octubre de 2021 con el presidente de la República, Nayib Bukele, propuso un sistema de pensiones público, con la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, que administraría los fondos.

También informó que se mantendrá la edad de jubilación del actual sistema: 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, y el tiempo de trabajo de 25 años.


¿Qué cambios tendría el sistema de pensiones según el ministro Alejandro Zelaya?

1. Un incremento generalizado de las pensiones: un ajuste a la mayoría de afiliados, incrementando la pensión mínima a unos $400 mensuales. El ministro de Hacienda aseguró que incluyen en el cuerpo de la ley un ajustador "de tal suerte que la gran mayoría de usuarios recibirán $400 como mínimo", unos 53,000 usuarios reciben pensión mínima.

2. Aumento al aporte del patrono o empleador. Actualmente aporta 7.75 %, aportará el 8.75 %, según las declaraciones del ministro, subiendo la cotización general del 15 % al 16 % del monto salarial.

3. La comisión de las AFP será 1 %. Actualmente es del 1.9 % pero incluye un seguro para la pensión de sobrevivencia e invalidez. “La siniestralidad del seguro será asumida por el Fondo de Garantía Solidaria”, según el ministro.

4. Leve aumento al ahorro individual. Actualmente, del 15 % de cotización se destina 8.1 % a la cuenta individual (CIAP) del trabajador. Dicho aporte aumentaría el 9 %.

5. Leve aumento a la cuenta colectiva. Actualmente, del 15 % de cotización se destina el 5 % a la Cuenta de Garantía Solidaria creada en 2017. Dicho aporte aumentaría al 6 %.

6. Incremento a la rentabilidad de los ahorros. No detalló cuánto.

7. Bono de compensación a quienes no retiraron ahorros. No detalló de cuánto sería la compensación.

8. Prohibición legal. Prohibirán que los gobiernos hagan uso de los ahorros de las pensiones. En 2006 una Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) autorizó al gobierno, junto al INPEP y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a constituir un Fideicomiso para pagar obligaciones (pensiones del sistema público), emitiendo Certificados de Inversión Previsionales (CIP) que debían ser adquiridos obligatoriamente por hasta un máximo de 45 % del Fondo de Pensiones por ley.

9. Salvadoreños en el exterior podrán cotizar. Salvadoreños con domicilio en el extranjero podrán cotizar en diferentes planes.

Los funcionarios acusaron a gobiernos anteriores de robarse $10,000 millones de un total de $12,000 millones que supuestamente han acumulado en sus ahorros los trabajadores salvadoreños, al referirse a la inversión obligatoria que por ley debía realizar el Fondo de Pensiones para pagar las pensiones del antiguo sistema y pensiones mínimas.

Los proyectos de ley o de reforma aún no ha sido divulgados por el gobierno ni por la Asamblea Legislativa; el funcionario no detalló qué leyes se reformarían. La diputada Suecy Callejas prometió que el lunes la junta directiva conformará una comisión ad hoc que consultará a los sectores laborales, sociales y privados. Será un método similar al aplicado para aprobar la Ley General de Recursos Hídricos.