Se trata de los fondos que trabajadores salvadoreños ahorran en las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) en donde cotizan –Confía y Crecer–, entidades que pueden adquirir los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) que emiten el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) según la más reciente reforma.
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Luego de la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde 2023, el sistema heredó una deuda estatal de $8,743.12 millones, dinero por el cual el Estado no ha amortizado capital ni intereses desde el acuerdo al que se llegó a mediados de 2023 y por el cual pagará posteriormente 7 % anual durante 50 años.
Desde la reforma, el ISP empezó con $345.79 millones emitidos de certificados para que fueran adquiridos por las AFP con los fondos de los cotizantes, fondos que han aumentado a un ritmo promedio de $100.8 millones al año y que en octubre llegaron a $1,969.25 millones y en noviembre a $2,017.17 millones.
El total de la deuda que el Estado tienen con el fondo de pensiones ascendería a un total de $10,412.90 millones, sumando los $8,395.73 millones invertidos en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), antes Certificados de Inversión Previsionales (CIP).