La propuesta excluye de la aplicación de la nueva ley los “proyectos estratégicos de utilidad pública” que sean definidos por el Consejo de Ministros. “Entonces qué discrecionalidad más alta le están dando a un espacio, en el caso del consejo de ministros, que va a poder decidir qué proyecto o qué obra cumple con esas características y no atenerse o no cumplir lo que esta ley de compras va a mandatar”, expresó Belloso.
La nueva ley derogaría la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). “Es lógico pensar que podría ser necesaria una actualización de la regulación, pero que no sirva la actualización para generar un marco legal más favorecedor de la discrecionalidad”, dijo Ortiz.