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La Mesa, conformada por organizaciones sindicales de sectores público, privado, municipal y otros sectores, consideró que la nueva normativa amenaza los derechos laborales y sindicales porque señalan que es una "privatización" del servicio público municipal que genera "incertidumbre jurídica respecto a la estabilidad laboral" de los trabajadores municipales.
Se promueven posibles afectaciones a derechos constitucionales de naturaleza laboral, sindical y ambiental. Consideramos que dicha ley es transgresora de derechos para la población trabajadora y la ciudadanía en general".
Mesa Permanente por la Justicia Laboral.
Las organizaciones consideran que la ley buscará "centralizar el poder mediante la eliminación de facultades a las municipales y erosionar las finanzas", pues el 50 % de las tasas municipales que corresponden a aseo y gestión de desechos será transferido a ANDRES.
Las funciones de ANDRES iniciaron en San Salvador Este en los distritos de San Martín, Ilopango, Tonacatepeque y Soyapango donde, según la red de organizaciones, los trabajadores de recolección de desechos sólidos "fueron desplazados por personal nuevo".
Las organizaciones estiman que han afectado a más de 300 empleados en Soyapango, 70 en San Martín y se afectaría a otros 223 en el distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro. Por todo esto, que exigen "la pronta derogación" de la ley.
Entre las funciones de ANDRES están autorizar estaciones de transferencias, rutas de transporte de residuos a disposición final, estaciones de reciclaje o separación; realizar estudios de impacto ambiental, resolución de permisos ambientales de obras o proyectos, permisos ambientales a gestores de residuos y sus instalaciones; hasta constituir sociedades anónimas de capital estatal, emitir y colocar bonos, titularizar activos y constituir fideicomisos.