El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Carlos García Saade, reveló que ha pedido al Tribunal de Primera Instancia del partido tricolor que expulse al excandidato presidencial, Joel Sánchez, así como a todos los afiliados del partido político que a su vez hayan ejercido cargos en la administración pública y que tengan procesos legales abiertos.

García Saade explicó que la expulsión de Joel Sánchez es requerida “por sus reiteradas, infundadas y públicas manifestaciones en perjuicio de la imagen del partido”. El dirigente aseguró que está decidido “a dejar atrás la tolerancia de la corrupción, la deslealtad y la traición” para “satisfacer intereses y vanidades personales”.

Los artículos de los estatutos del partido en los cuales se basan, según Arena, son el 134, que indica que son infracciones muy graves la traición al partido, las expresiones públicas realizadas por cualquier medio que perjudiquen la imagen del partido o sus dirigentes, cometidos parte de funcionarios de elección popular o miembros de cualquier organismo del partido, entre otros; y el 141, que indica que "la expulsión procederá para aquellos miembros del partido que cometan infracciones muy graves".
En marzo, Joel Sánchez dijo a Diario El Mundo que en la campaña electoral estuvieron bajo un liderazgo fallido y apoyó a la diputada Marcela Villatoro en proponer un cambio de dirigencia, luego de los resultados electorales de 2024, con los que Arena se queda con dos diputados en la Asamblea Legislativa, dos diputados en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y una alcaldesa. "Durante la campaña estuvimos perdidos bajo un liderazgo muy fallido, un liderazgo muy aguado, muy flojo", dijo Joel Sánchez a El Mundo.

El presidente del partido Arena también pidió que se expulse inmediatamente a los afiliados del partido que hayan ejercido cargos públicos o de elección popular que hayan sido “condenados mediante sentencia firme”, y que se les suspenda de sus cargos y sean inhabilitados del derecho de ser elegidos en cargos internos o de elección popular a los afiliados que tienen procesos judiciales abiertos.