Los 53 casos corresponden a procesos que datan desde 2015 hasta el año 2018. Según la información de Probidad, en 2015, se detectó solo un caso; en 2016, abrieron cuatro casos; en 2017, se activaron otros 47 expedientes y, en 2018, un caso.
Un total de 34 casos son investigaciones a bienes de exdiputados propietarios, siete miembros de Junta Directiva, cuatro exministros, tres exviceministros, dos exsecretarios privados, un exdirector, un exdiputado suplente y un exalcalde.
"En general, si bien estos expedientes remitidos a la Cámara correspondiente es una cantidad relativamente pequeña, sí refleja que el mecanismo de la declaración jurada de patrimonio funciona como instrumento para detectar indicios de corrupción".
Acción Ciudadana en el informe de Probidad.
En el informe, también se señala que solo en el año 2022 prescribieron 31 de los 53 casos activos por indicios de enriquecimiento ilícito. De los 53 casos, solo 35 habrían sido remitidos a Cámara con competencia civil durante el período 2015-2023.
Para AC, es importante realizar "mejoras para hacer más eficiente" la presentación de expedientes a Cámaras, destinando "más personal para el análisis" de las declaraciones porque los datos reflejan que "el mecanismo de la declaración jurada de patrimonio funciona" para detectar indicios de corrupción.
El informe recuerda que también hay otros mecanismos para detectar posible enriquecimiento ilícito como: denuncia ciudadana y denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Algunos de los expedientes que se encuentran en investigación por enriquecimiento ilícito en el pleno de la CSJ son contra exfuncionarios como Rodolfo Parker, Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, José Francisco Cáceres Zaldaña y Roberto d'Aubuisson.