Una de las fuentes del TSE expresó que “es posible” que los nuevos magistrados tengan que ejecutar ese proceso, mientras que otra fuente detalló que no tienen el dato de cuántos salvadoreños fueron quienes se negaron a integrar las Juntas y que “lo más probable es que el nuevo organismo colegiado deba llevar el proceso”.
Sin embargo, desde mayo, los magistrados recolectaron al menos los nombres de los salvadoreños que se negaron, pese a que sus justificaciones fueron rechazadas por la institución.
El organismo colegiado pidió en ese momento a la Unidad de Sistemas Informáticos (USI) que elaborara un listado de los salvadoreños elegidos y que lo cotejara con el listado de quienes presentaron excusas aprobadas y rechazadas.
De acuerdo al calendario electoral, los magistrados tienen hasta el próximo 26 de julio para ejecutar el proceso sancionatorio contra los ciudadanos que sin justa razón se negaron a integrar los organismos temporales.
El proceso se inicia con base al artículo 242 del Código Electoral en el que se establece que quien “se negare sin justa causa a desempeñar los cargos de miembros de cualquiera de los organismos electorales”.
Dependiendo el cargo que no ejecutó, así es la multa que se impone: la mínima es de $25.14 y de no cancelarse la sanción se imponen restricciones migratorias, de emisión de antecedentes penales, de Documento Único de Identidad (DUI) y para la refrenda de la licencia de conducir.
De los empleados temporales, al menos 88,000 fueron miembros de Juntas Receptoras de Votos a quienes se les pagó $60 por laborar en los comicios del 4 de febrero y $50 por las elecciones del 3 de marzo. Los actuales magistrados terminan sus funciones el 31 de julio de 2024.