La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión y de asociación, Gina Romero, aseguró este viernes que no se ha resuelto el caso de Ruth López luego de un escrito enviado en junio de 2025 al gobierno salvadoreño.

Relatores de las Naciones Unidas enviaron el 7 de julio de 2025 enviaron un escrito al gobierno en el cual solicitan información sobre las razones y los fundamentos legales para mantener a Ruth López en prisión preventiva, el cambio de cargo de peculado a enriquecimiento ilícito y a proporcionar la base fáctica y jurídica sobre su detención y la reserva total del caso.

Los relatores también pidieron al gobierno informar cómo se garantiza a Ruth López sus derechos a la salud, a visitas, a una defensa adecuada, a un juicio público y acceso completo al expediente penal, al respeto al debido proceso y a juicio por tribunales independientes e imparciales.

Además, solicitaron en general adoptar medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Según el sistema de las Naciones Unidas, en donde se publican todas las comunicaciones que se tienen a las alertas emitidas a diferentes países, aparecen tres escritos, uno del 30 de agosto de 2025, otro del 26 de enero de 2026 y otro del 9 de febrero de 2026, estos dos últimos aún no están accesibles ya que están sido procesados.

El 30 de octubre, la Misión permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, en Ginebra, Suiza, respondió que la información “se encuentra protegida por una declaratoria de reserva judicial, lo que impone una restricción legal a su divulgación pública”, por lo que es “compartida exclusivamente con las personas que demuestren fehacientemente tener la representación legal o que sean familiares directos”, quienes están obligados a asumir su “manejo y custodia”.

Por otra parte, el 3 de diciembre de 2025, las relatoras especiales de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, de derecho a la libertad de opinión y expresión, de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y de la situación de los defensores de los derechos humanos insistió al gobierno en adoptar las “medidas necesarias para evitar daños irreparables a la vida e integridad personal” de los abogados Salvador Enrique Anaya y Ruth López. Reiteraron los derechos a recibir visitas de familias y de otras personas con interés legítimo y a informar sobre las garantías procesales, incluyendo el acceso a un abogado de su elección, el derecho a un juicio público y acceso completo al expediente, así como a explicar las razones y la base legal para mantenerlos detenidos.