Los relatores del organismo internacional pidieron derogar el régimen de excepción en El Salvador y señalaron que “el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública”.
Los expertos que se pronunciaron son tres: Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados; Fionnuala Ní Aoláin; relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Concretamente, en el comunicado, criticaron que hay audiencias de hasta 500 personas, defensas públicas de tres o cuatro minutos para 400 a 500 detenidos a la vez, juicios masivos virtuales que “socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia”, juicios en ausencia, jueces sin rostro y testigos de referencia en los casos, elementos que “atentan” contra el debido proceso.
Según los expertos, la legislación y el régimen de excepción permiten “el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”.
Una de las cosas solicitadas al gobierno, en la aplicación del régimen de excepción, es que las personas “no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla o de asociación con la misma sin autorización legal suficiente”.
El 12 de octubre de 2022, le pidieron al gobierno informara sobre cómo garantizaban el respeto al derecho al debido proceso, las condiciones adecuadas de detención y la debida administración de justicia.
El Socorro Jurídico Humanitario informó hoy que tiene confirmadas 144 muertes de personas detenidas, de las cuales el 92 % serían personas inocentes, de un total de 250 denuncias. Esta entidad reporta, citando fuentes internas "extraoficiales" de la Policía Nacional Civil, 20,000 personas capturadas arbitrariamente, de las cuales se han liberado 4,000.
"Ellos saben que han capturado por cuotas, nosotros creemos incluso que son más de 20,000", dijo Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha dicho que durante la aplicación del régimen de excepción se han capturado a más de 68,000 "terroristas" y que se han libertado a 5,000 personas, sin dar detalles si estas liberaciones están consideradas dentro de la cantidad reportada de detenciones.
El 16 de mayo, el ministro Villatoro pidió la prórroga por décimo cuarta vez indicando que "esa es la democracia el presidente Nayib Bukele quiere", señalando que gobiernos anteriores de dos colores políticos, a los cuales les llamó "dictadura bipartidista", no escucharon las demandas de seguridad de la población.
El ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, ha asegurado que las detenciones se basan en un registro de estructuras de pandillas. “La Policía Nacional Civil compartió con la Fuerza Armada esos registros y eso lo que hizo fue multiplicar el efecto, ¿por qué?, porque en un lugar donde, por razones del servicio, la Policía no puede estar presente pero sí la Fuerza Armada, entonces, nosotros con esos registros podemos determinar o saber si esa persona a la cual se está interviniendo es un pandillero o no”, dijo el ministro de la Defensa en la Asamblea Legislativa en abril pasado.
Le escribí al gobierno de #ElSalvador sobre el estado de excepción, vigente desde hace más de un año. Más de 67,000 personas han sido detenidas en circunstancias que suponen un riesgo de graves violaciones del debido proceso. https://t.co/NCvEHeEyKp
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) May 22, 2023