Los sindicatos de los sectores de salud y educación solicitaron este domingo una reunión con funcionarios de los órganos Ejecutivo y Legislativo, y anunciaron una marcha por la reducción de plazas y congelamiento del escalafón para 2025.

En conferencia de prensa, el dirigente sindical de Bases Magisteriales, Paz Zetino Gutiérrez, aseguró que este 6 de octubre se inicia una jornada de “lucha” para ser escuchados, al mismo tiempo que se discuta una política y un acuerdo en beneficio de los trabajadores.

“Se continuará con una gran marcha el 19 de octubre, nosotros aprovechamos esta mañana para hacerle una petición de audiencia pública a tres funcionarios: al ministro de Trabajo, al presidente de la Asamblea Legislativa y al ministro de Hacienda, para que nos sentemos”.

Paz Zetino Gutiérrez
Dirigente sindical de Bases Magisteriales


El 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto del presupuesto general de la nación para el 2025, en el que se planteó un financiamiento de $9,663 millones que conlleva $970 millones menos para el presupuesto estimado de cierre para 2024, y el congelamiento de escalafones en los ramos de salud y educación.

Posada aseguró que el congelamiento se da porque los escalafones deben ser “profundamente revisados”.

También miembro del Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora, Gutiérrez lamentó que el gobierno no elaboró, previo a anunciar el proyecto de presupuesto general de la nación de 2025, una política salarial.

En la misma línea, los trabajadores externaron su desaliento porque el gobierno no revisó los “altos salarios” de los funcionarios que se divulgaron en redes sociales en los últimos meses.

“El Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora frente a Catedral Metropolitana anunciamos el inicio de toda una jornada de lucha que nos permita defender nuestros escalafones”, puntualizó Zetino.

La secretaria general de Sitrasalud, Silvia Navarrete, recordó que el presupuesto también congela los contratos colectivos y privados de todas las instituciones públicas y autónomas y plantea una reducción de recursos para la gran mayoría.


Eliminación de plazas

Navarrete rechazó que son los de “abajo” los que pagan los platos rotos, y que sea a estos a los que se considera como ”grasas”, mientras que los funcionarios se mantienen con salarios onerosos.

La semana pasada el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, confirmó que dicho órgano tendrá una reducción de los gastos, pero no de salarios en el caso de los diputados.

Los sindicalistas pidieron a la iglesia católica su intervención porque siempre “ha estado del lado de los más necesitados”.

El movimiento hizo el llamado a la población a acompañar la lucha y a los diputados a analizar antes de aprobar la ley presupuestaria. En la misma línea, los trabajadores denunciaron que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pretende reducir la plazas al mismo tiempo que ofrece empleo a sanitarios de otros países del continente.

Documentos oficiales comprueban que el ramo de salud será el segundo con la reducción presupuestaria más marcada para 2025, con $155.4 millones menos, mientras que en educación se prevén asignar $108.4 millones menos.

Navarrete recordó que el escalafón para los trabajadores es el resultado de “años de lucha” abanderados por sectores pujantes como el de educación y salud.

Por su parte, Zetino enfatizó que El Salvador es firmante de acuerdos internacionales que reafirman que los derechos de los trabajadores deben ser progresivos y no regresivos.