El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que asigne fiscales para verificar el proceso de contratación de la empresa española Indra para el diseño, desarrollo y ejecución del voto electrónico para salvadoreños en el exterior, así lo aseguró este lunes el magistrado Noel Orellana.

"Nosotros como Tribunal Supremo Electoral le enviamos una carta al señor fiscal de la República para que nos designe, no solo en la contratación de esta empresa (Indra) sino en todas las compras, fiscales de la Unidad Defensora de Intereses de la Sociedad para que verifique la transparencia", dijo el funcionario electoral. durante una entrevista en Telecorporación Salvadoreña.

Orellana reiteró que la petición no solo incluye la contratación de Indra, sino "de toda la ejecución" del financiamiento del voto en el exterior o voto electrónico.

El juez electoral realizó esta aseveración luego de explicar el proceso para la contratación de Indra para el voto en el exterior elegida después de que el pleno del TSE recibiera un informe del Panel de Evaluación de Ofertas (PEO) conformado por técnicos de la institución.

Diario El Mundo tuvo acceso a información y documentos que sugieren que el PEO recomendó al consorcio Evoting Solutions con 100 puntos en la evaluación e Indra con poco más de 97.59 puntos.

En la evaluación, el Panel se dividió entre un grupo que alegaba que Indra modificó su oferta inicial, una acción prohibida por la Ley de Compras, y el otro grupo que no veía tal modificación.

La duda surgió porque Indra alegó que no era necesario traer a El Salvador las máquinas de voto electrónico presencial para auditorías previa y posterior pero, luego de una consulta del Panel, la empresa respondió que sí cumpliría con traer las máquinas.

Luego, dos empresas del consorcio mejor evaluado remitieron al TSE una nota donde desistía de mantenerse en el proceso de contratación alegando ya no había tiempo para cumplir con las entregas pero "sobre todo" que buscaban "evitar finalmente cualquier tipo de posición de peligro al Estado de Derecho, en un proceso de tanta sensibilidad como es el tema de las elecciones en el exterior”.

El consorcio Evoting ofertó por $39 millones e Indra por $41.1 millones. Para la contratación de Indra votaron a favor la presidenta Dora de Barahona y los magistrados Noel Orellana, Guillermo Wellman y Rubén Meléndez.