Una fuente del TSE, que no quiso ser identificada por temor a represalias, indicó que los casos denunciados fueron abiertos dentro del órgano electoral desde diciembre de 2023 a marzo de 2024, y fueron remitidos a la FGR, por considerar que el hecho podría constituir un delito, de febrero hasta abril de 2024.
Las supuestas agresiones denunciadas fueron cometidas a través de plataformas de redes sociales como Twitter (ahora X), Facebook, Tik-Tok o incluso de manera personal.
En algunos las denunciantes serían la excandidata a la vicepresidencia por el partido Nuestro Tiempo, Celia Medrano, y las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Pero también los casos reportados a la FGR incluirían las denuncias de Irma Tapia, Tania Grande, la excandidata a concejal Silvia Ticas, observadoras electorales y una integrante de un organismo electoral temporal.
Según la fuente, los supuestos agresores son miembros de partidos políticos contrarios u otros no identificados, sin embargo, todos remitidos a Fiscalía por posible delito.
El 27 de noviembre de 2023, un grupo de mujeres del partido en liquidación Nuestro Tiempo interpuso un escrito ante el TSE para denunciar supuesta violencia contra mujeres candidatas a cargos de elección popular registrada entre el 2 y el 12 de noviembre de 2023. Las mujeres entregaron una USB con ataques concretos ocurridos en 10 días en los cuales dijeron alguna recibió "300 ataques diarios".
Cuatro días antes, el 23 de noviembre de ese mismo año, el TSE impulsó un pacto de no agresión entre partidos políticos pero no fue firmado por Nuestro Tiempo, Vamos, Arena ni por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), porque lo consideraron hipócrita.
La (LEIV) castiga con multa de dos a 25 salarios mínimos del comercio y servicio las expresiones de violencia contra las mujeres. También, la Ley especial contra los delitos informáticos y conexos, en su artículo 27, con prisión de cuatro a seis años el "acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación", que es una "conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual por medio del uso de las tecnologías y la comunicación".
La Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (Andrysas) reveló que las mujeres relacionadas con la política han recibido hasta 740 agresiones en un solo día durante la época electoral.