La fiscalía ofrece régimen de protección a las personas que denuncien la extorsión para llevar a los responsables a juicio. / Archivo DEM
Cuando una persona acude a interponer una denuncia se le orienta y asesora sobre el camino a seguir para investigar su caso, antes de que oficialmente autorice a la Fiscalía General de la República para abrir una investigación.
En el delito de extorsión, a las víctimas se les otorga un régimen de protección, que consiste en asignarles una clave para proteger su identidad y generarles esa confianza sobre la confidencialidad y llevar los casos hasta la fase final de vista pública.
“Nosotros como Fiscalía lo que pretendemos es inculcar a las diferentes personas, víctimas en general, la cultura de la denuncia, porque es algo que en el país es bien difícil. Los salvadoreños no estamos como muy acostumbrados o muy satisfechos con las denuncias, en muchas ocasiones dicen: ‘mire, yo no denuncio porque en la Policía local me han dicho que se dan cuenta’, hay una serie de situaciones que ellos argumentan”, explicó el fiscal Alfredo Quijano.
A las víctimas se les orientan sobre el procedimiento a seguir, muchas veces a las personas se les dice acérquese a la Fiscalía, escuche a los expertos sobre el camino a seguir para poder ir tras un extorsionista y, luego de escuchar, decide si autoriza que se comience con las pesquisas.
Cuando las víctimas deciden oficializar la denuncia, agentes antiextorsiones asesoran sobre los pasos a seguir para identificar a los extorsionistas, coordinan el pago de las cantidades de dinero, pero cada una es grabada y documentada, una técnica conocida como entrega controlada, que pone al descubierto a los chantajistas.