Un pueblo es un conglomerado de seres humanos que viven y se desarrollan en un territorio, dentro de un marco legal acordado por la mayoría: un contrato social llamado Constitución. En términos de lucha contra la corrupción generalizada que se produce en su interior, nuestros pueblos han fallado.

Han fallado al equivocarse en elegir a gobernantes mediocres, rápidamente emborrachados con el circunstancial poder que se les delega. Al ser succionados por los nuevos estilos de vida (a los que nunca hubiesen podido acceder sino por medio de prácticas corruptas), revelan en realidad lo que verdaderamente son. Que la Junta de Gobierno de ANDA se recetaran hasta hace poco $15,000 en alimentos para sus “sesiones de trabajo” lo dice todo.

Han fallado al elegir gobernantes que, embelesados por el susurro zalamero de los asesores y las cortesanas en derredor, terminan cubriendo de opacidad y mediocridad a las instituciones bajo su control operacional directo o indirecto, incluyendo a las que por mandato constitucional y legal están obligadas a fiscalizar su gestión.

A su vez, los gobernantes han fallado por incumplir las obligaciones, funciones y deberes que los altos cargos públicos imponen a la burocracia estatal, lo que se traduce en otro incumplimiento de deberes en los planos legislativo, fiscalizador, judicial y fiscal. Negarlo es un chiste.

Lo anterior es un círculo vicioso que crea las condiciones óptimas para que prolifere la mediocridad por encima del mérito; para que el pícaro y habilidoso sustituya al profesional honesto y competente; como consecuencia, se produce un efecto dominó en las áreas más vitales del desarrollo, que se materializa en el desgobierno y mala administración de las finanzas públicas, inseguridad ciudadana, marcado déficit educacional, falta de empleo, alejamiento de inversiones, un tejido social enfermo por el deficiente sistema de salud, falta de vivienda digna, los parches al sistema de previsional que solo retardan la bomba de tiempo fiscal, etc.

Aquella mediocridad en la función pública es la que permite que las contrataciones en el gobierno se hagan mediante nombramientos directos, sin pasar por ningún tipo de filtros de los concursos públicos. Según el más reciente estudio realizado por FUSADES el 60% de las contrataciones se hacen de esa forma. Ahora tiene sentido el por qué nuestros diputados no le entran de lleno a la Ley de la Función Pública.

Mientras, el pueblo llano, que pervive desde la época del Senatus Populusque Romanum, se aferra a sus tablas de salvación: sobrevivir de las remesas (los que tienen más suerte) delinquir (los que se inclinan por la vía más despejada) emprender la temeraria aventura de emigrar (lo que tienen cerrado todo tipo de oportunidades) y los que consienten a gobernantes pícaros y corruptos que llegan al poder mediante el voto democrático.

Este último es un escenario peligroso y cruel pues provoca la expulsión de cientos de miles de compatriotas hacia el exterior. Los gobernantes deberán llevar hasta su tumba la ignominia que arrastra la terrible muerte en el Río Bravo de Oscar y Valeria.

Además, inserta en las entidades y organismos del sector público a funcionarios (hombres y mujeres) de baja calaña, verdaderos “perros fieles” que cuidan el hueso a costa de su propia dignidad, obedeciendo ciegamente las órdenes inmorales de los políticos que los pusieron en el puesto.

Es un escenario donde el mérito es un defecto y la animalada una virtud. Donde los corruptos gozan de su paso circunstancial por el poder, mirando de reojo a un pueblo enfermo, inseguro y sin trabajo, porque sabe que eso les permite ejercer control político sobre las voluntades alicaídas.

Termino con la cruda y valiente reflexión del periodista Manuel Burgos: “Los que han robado a manos llenas, los que prometen y no cumplen, los que llenan las cabezas de falsas ilusiones, los que se lucran del sudor del pobre, son los que empujan a los salvadoreños a la muerte”.