Hasta lo que va del año, las instituciones del Gobierno Central –que incluyen a los órganos Legislativo, Judicial e instituciones de control– han erogado $26.4 millones en indemnizaciones, una cifra récord desde el año 2010.
El monto ya se duplicó respecto a los $12.2 millones ejecutados en dicho rubro durante 2020, periodo en el cual se programó $4.3 millones de indemnizaciones.
Cifra récord.
El abogado Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, explica que cada vez que “cambia el Gobierno o la administración municipal, se da la salida de mucho personal” pero “muchas veces irrespetando los derechos, porque no se respeta la carrera administrativa”.
Desde el año 2010, el Gobierno Central siempre programó un presupuesto para indemnizaciones que osciló entre $1 millón y $6.7 millones. Sin embargo, todos los años este presupuesto aumentó.
El presupuesto modificado de indemnizaciones aumentó 368 % en 2013, pasando de $2.2 millones a $10.3 millones, llegando a su punto más alto en 2016, cuando se programó $25.3 millones.
¿Modernización o sustitución política?
El Plan Cuscatlán del gobierno actual plantea un rediseño del Estado y una profesionalización del sector público.
En sus objetivos de optimizar el gasto en remuneraciones, ofrecía un decreto de retiro voluntario al 150 % del salario para empleados pensionados, una optimización de planilla gubernamental por habilidades y competencias, e indemnizaciones por despidos de empleados “que no cumplen con los perfiles de puesto, con contrataciones irregulares o por sustitución de tecnologías”.
¿Esta depuración se debe a una modernización estatal o a una depuración por el cambio de Gobierno?
El abogado José Marinero, miembro del Grupo Promotor de la Ley de Función Pública, asegura que actualmente no hay una reforma de la administración pública. El Plan Cuscatlán, sin embargo, proyectaba una nueva del Servicio Civil o una Ley de la Función Pública.
Escobar asegura que en el Estado prevalece el problema, como en años anteriores, de irrespeto a la carrera administrativa, lo que provoca depuración de servidores públicos sin respeto a sus derechos e irrespeto a “procedimientos legales para la contratación del personal”.
Cada vez que cambia el Gobierno o la administración municipal se da la salida de mucho personal, muchas veces de forma indebida”. Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana
El tamaño estatal.
Pese a la depuración estatal año con año, el tamaño del Estado –tanto en Gobierno Central, descentralizadas y empresas públicas– no ha disminuido desde 2004. Si bien disminuyó de 2002 a 2003 en 1,976 plazas, apenas un 1.5 %, desde entonces, ha ido en aumento año con año sin excepción alguna.
La mayor parte del tiempo el Estado salvadoreño ha crecido año con año a ritmo de 1 y 4 %, es decir, entre 1,000 y 4,000 plazas por año.
Sin embargo, el Estado tuvo su mayor crecimiento en 2011 cuando aumentó de tamaño en 11.4 %, que implicó un aumento de 16,058 plazas en todo el Estado. El segundo mayor aumento ocurrió en 2021, con 9,278 plazas en todo el Estado, un alza del 5 % en el tamaño estatal.
El dato
Los mayores crecimientos en el aparato estatal, incluyendo descentralizadas y empresas públicas, ocurrió en 2011 durante el gobierno de Mauricio Funes.
